Caso de Foley desata debate sobre pago de rescates

Al pagar rescates los gobiernos en el Medio Oriente y Europa se han convertido en algunos de los mayores financieros de los grupos terroristas.

Foto: AP
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La decapitación del periodista independiente James Foley ha generado un nuevo debate entre la antigua negativa de Estados Unidos y Gran Bretaña de negociar con terroristas y la creciente disposición de Europa y los países del Golfo Pérsico a pagar rescates en un intento desesperado por liberar a ciudadanos.

El dilema: cómo salvar vidas sin financiar a grupos terroristas ni alentar más secuestros.

Al pagar rescates los gobiernos en el Medio Oriente y Europa se han convertido en algunos de los mayores financieros de los grupos terroristas. Al negarse a hacerlo, Washington y Londres están en la ingrata posición de colocar a sus ciudadanos en desventaja.

Los pagos por parte de familias o empresas estadounidenses están bajo debate en el gobierno federal, según un funcionario familiarizado con las conversaciones, quien habló a condición de no ser identificado porque no está autorizado a hablar del tema en público.

La Ley Patriota de Estados Unidos prohíbe hacer cualquier pago o dar asistencia a grupos terroristas que pudiera incrementar el respaldo que reciben. A las familias de tres estadounidenses retenidos por un grupo rebelde en Colombia durante cinco años, por ejemplo, se les avisó repetidas veces que ni siquiera enviaran medicamentos y zapatos a los rehenes con el fin de evitar una posible violación de la ley.

Los rescates pagados por los gobiernos ayudan a crear "una creciente industria de rescates por secuestro", dijo Clinton Van Zandt, ex jefe negociador de rehenes del FBI.

"Es posible que recuperes a esa persona (secuestrada) en esa ocasión, pero lo que has hecho es ponerle precio a la cabeza de todos los estadounidenses en el extranjero", señaló. "Y has promocionado que pagamos para recuperarlos".

Los captores de Foley, los extremistas del Estado Islámico, llevaban meses exigiendo 132,5 millones de dólares (100 millones de euros) a sus padres, así como concesiones políticas de Washington. No obtuvieron ninguna de las dos y el periodista de Nueva Hampshire de 40 años fue decapitado salvajemente la semana pasada en Siria, donde estaba retenido desde que desapareció en noviembre de 2012.