El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, viajó hoy a Estados Unidos para presentar ante el Departamento de Estado una segunda petición de extradición del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio en la represión de una pueblada que lo sacó del gobierno en 2003, y dejó un saldo de 67 muertos y más de 400 heridos.
Guerrero encabeza una comisión integrada por altos representantes de los ministerios de Exteriores y Justicia y dos víctimas del "octubre negro", como se conoce a la represión de 2003 de la ola de protestas contrarias a la exportación de gas a Estados Unidos por un puerto de Chile y que produjo la caída de Sánchez de Lozada (1993-97 y 2002-03) y su huida a Miami, reportó la agencia EFE.
Asimismo, Guerrero se reunirá mañana jueves con autoridades del Departamento de Justicia para explicar los argumentos de la segunda petición de extradición del ex mandatario boliviano, después de que el gobierno de Estados Unidos rechazara la primera petición en 2012.
La misión boliviana tenía previsto presentar hoy mismo al Departamento de Estado el exhorto suplicatorio de la solicitud de extradición, un documento que tiene más 2.200 páginas.
Además de Sánchez de Lozada, la fiscalía de Bolivia pide la extradición de los ministros de su segundo mandato en las carteras de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, e Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe.
Los tres están acusados en Bolivia de los delitos de genocidio, en la modalidad de masacre sangrienta, homicidio, vejaciones y torturas, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad y allanamiento de domicilio, entre otros.
Por ese mismo caso, el Tribunal Supremo de Justicia condenó en 2011 a dos ex ministros y cinco ex jefes militares a penas que van de tres a 15 años de prisión. Este juicio quedó en suspenso para el ex mandatario, Sánchez Berzaín y Berindoagüe hasta su extradición, debido a que la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.
En mayo pasado, el juez estadounidense James Cohn encontró indicios "convincentes" para que avance una demanda contra Sánchez de Lozada por presuntas violaciones de los derechos humanos, que fue presentada por familiares de ocho de las víctimas del caso.
La defensa de Sánchez de Lozada apeló en junio la decisión de Cohn para que no se permita seguir con la acción civil. El juez estadounidense puede tomar una decisión final sobre ese punto hasta agosto, según abogados bolivianos de las víctimas.