La infanta Cristina declara como imputada ante la Justicia

La infanta Cristina de Borbón inició esta mañana su declaración como imputada ante la Justicia española en el caso de corrupción que tiene como protagonista a su marido, Iñaki Urdangarin, y que hace temblar a la monarquía española.

Dos minutos antes de las 10 de la mañana (local) arrancó el interrogatorio ante el juez José Castro en los juzgados de Palma de Mallorca, donde la hija pequeña del rey Juan Carlos de España responde a las sospechas de fraude fiscal y blanqueo de dinero.

La cita judicial de hoy es un hecho histórico. Nunca antes un miembro de la familia real española había tenido que responder ante un juez.

La declaración de la infanta ante el juez Castro, responsable de su imputación el 7 de enero, se desarrolla en una sala de vistas presida por el retrato de su padre.

Además de las preguntas del magistrado y del fiscal, contrario a su imputación de la infanta, a Cristina la interrogarán su propia defensa y los abogados de las dos acusaciones populares, a las que podría no contestar.

La infanta Cristina voló a primera hora de la mañana de Barcelona a Palma de Mallorca y llegó hasta la misma puerta del juzgado en automóvil, haciendo uso del permiso que las autoridades judiciales le habían dado para no bajar andando la rampa que da acceso a la entrada del juzgado. Un lugar en el que la esperaban más de 100 periodistas, cámaras de televisión y objetivos fotográficos.

Sonriente y aparentemente tranquila, vestida con chaqueta negra y pantalón azul, con tacones bajos, saludó hasta en tres ocasiones a la prensa. "Buenos días", dijo al llegar al tribunal 15 minutos antes de la hora a la que había sido citada.

Con ella, en el automóvil, llegó Miquel Roca, su abogado principal, uno de los padres de la Constitución española. Poco antes, otro de sus letrados, Jesús Silva, declaró a los periodistas que la hija del rey estaba "tranquila".

Solo durante unos instantes pudieron las cámaras de televisión y los fotógrafos captar la imagen de la infanta, sonriente, antes de que entrara al juzgado. En las inmediaciones del lugar, todo lo cerca que permitía el cordón policial, varias decenas de personas se manifestaban entretanto contra la corrupción y la monarquía y en la rampa de acceso al tribunal se escucharon gritos y bocinas.

Durante los días previos se había debatido mucho sobre si la infanta bajaría la rampa en automóvil, como le habían permitido las autoridades judiciales por motivos de seguridad, o lo haría a pie, frente a las cámaras de televisión y los flashes de los fotógrafos.

La infanta tuvo que pasar por el detector de metales antes de acceder al juzgado, donde los abogados tuvieron también que abandonar sus teléfonos móviles.

El juez Castro imputó a la infanta, de 48 años, el 7 de enero, después de haberlo intentado ya en abril del año pasado, cuando una primera imputación como cómplice de su marido fue anulada por una instancia judicial superior.

Castro instruye desde hace más de tres años el "caso Nóos", en el que se investigan los negocios que el yerno del rey hizo entre los años 2003 y 2006 al frente del Instituto Nóos, una organización vinculada al mundo del deporte y en teoría sin ánimo de lucro.

A Urdangarin y a su ex socio se los acusa entre otras cosas de haberse apropiado de casi seis millones de euros de dinero público, un dinero que procedía sobre todo de contratos con los gobierno regionales de las Islas Baleares y de Valencia adjudicados a dedo a la organización del yerno del rey.