La huelga que afecta las terminales portuarias de Limón, las principales de Costa Rica, ha dejado sobre el tapete una especie de pulso entre organizaciones sindicales del sector y el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís.
La protesta de los gremios de JAPDEVA, una empresa estatal que administra las terminales portuarias del Atlántico costarricense, exige al gobierno de Solís renegociar una cláusula de un contrato de concesión otorgado por el Estado a una firma holandesa que construirá una terminal de contenedores, con una inversión de 1.000 millones de dólares.
La gremial portuaria argumenta que la concesión creará un monopolio privado, que los colocará en desventaja y afectará el desarrollo de la provincia de Limón, una de las que presenta mayores condiciones de pobreza en Costa Rica.
La decisión del gobierno de Solís de respetar la concesión otorgada a la firma holandesa APM Terminals, que heredó la actual administración gubernamental que se instaló el pasado 8 de mayo, parece estar llevando a su fin una especie de matrimonio entre el grueso del sector sindical costarricense y las nuevas autoridades.
JAPDEVA y otros gremios repudiaron las medidas tomadas por la fuerza pública el miércoles, el día que estalló la huelga, al tomar las instalaciones portuarias y asumir el control de las operaciones.
Desde entonces, la policía practicó unos 80 arrestos, en medio de brotes de violencia ocurridos durante los últimos días en Limón.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), que junto a otros sindicatos logró hace poco realizar una muy buena negociación de aumento salarial con el gobierno, ha expresado apoyo a sus colegas portuarios.
La misma ANEP ya se había lanzado a las calles hace una semana junto con otros gremios, para rechazar fuertes recortes presupuestarios para 2015 en la administración pública, propiciados por los partidos de oposición al gobierno y, paradójicamente, por el fundador del partido oficialista, Ottón Solís, un diputado que proclama un control severo del derroche y mal uso de los recursos públicos.
No se descarta que pronto otros gremios sindicales conformen una especie de frente para apoyar al sindicato de JAPDEVA.
El enfrentamiento entre este gremio y el gobierno de Solís, quien emergió en las pasadas elecciones como una alternativa novedosa a los gobiernos tradicionales que manejaron el país en las últimas décadas, se produce además en vísperas de que venza una convención colectiva negociada entre el sindicato y el Estado costarricense.
Ahí se dará un nuevo pulso, pues sectores de gobierno, con el guiño del sector privado, pretenden recortar una serie de "privilegios" laborales y salariales que a su juicio entrañan esas convenciones colectivas.
Ya un primer tira y afloje se produjo en los primeros días del gobierno de Solís y los gremios magisteriales, que se lanzaron a un mes de huelga para exigir el pago de salarios atrasados.
Representantes del gobierno y de JAPDEVA prosiguieron este lunes conversaciones, sin que las partes avanzaran hacia una salida que ponga fin a la paralización de labores en Limón, por donde transitan el 80 por ciento de las exportaciones e importaciones del país.
En medio de la disputa, el gobierno ofreció canalizar el equivalente a unos 200 millones de dólares para el fortalecimiento de los puerto estatales del Caribe y dio 48 horas de plazo a JAPDEVA para que ofrezcan una respuesta.
Pero el gremio portuario no parece satisfecho con la oferta, si no hay una renegociación del contrato de concesión.
La ruptura del aparente matrimonio entre el nuevo gobierno y el sector sindical ya quedó más evidente este lunes, cuando activistas gremiales quemaron retratos del presidente Solís y su ministro del Trabajo Víctor Morales.
La llegada al gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), una corriente que se ubica en el centro del espectro político, despertó cierta simpatía entre gran parte del sector sindical del país, que consideraba que Costa Rica, con los últimos gobiernos, estaba precipitándose en una especie de vorágine neoliberal de "entrega" de servicios públicos estratégicos a la inversión privada extranjera.
JAPDEVA advirtió hoy que proseguirá en huelga indefinida y buscó el apoyo de otros grupos sindicales para fortalecer sus posiciones.
La administración de JAPDEVA contrató a un experto extranjero para operar los sistemas especializados de los puertos en Limón y mantiene las actividades con trabajadores que no se sumaron al paro.
Según el Ministerio del Trabajo, el puerto labora con bastante normalidad, mientras los sindicatos aseguran que están operando apenas al 30 por ciento.
Fuente: Ernesto Ramírez, Dpa.