El presidente de la Generalitat (Generalidad) de Cataluña, Artur Mas, ha admitido ante los partidos independentistas que han impulsado la consulta soberanista del 9 de noviembre, que la votación no puede celebrarse por falta de garantías legales y les ha propuesto organizar un proceso de participación ciudadana para conocer la opinión de los catalanes sobre el futuro político de la región autónoma española.
Durante una tensa reunión que comenzó este mediodía local y que continuaba pasadas las 21 hora local (17 hora argentina), Mas reclamó el apoyo de CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP para organizar este proceso alternativo. Pero hasta el momento no lo ha logrado por el poco convencimiento de éstos a la propuesta del titular de la Generalitat.
Según publicó el diario El País, el nuevo plan de Mas consiste en aprovechar los artículos de la Ley de Consultas catalana que no fueron declarados como inconstitucionales por el Tribunal Constitucional de España. Es decir, lo que intenta es llevar adelante un “proceso participativo”, mucho más limitado que el referéndum propuesto para el 9 de noviembre.
Esta alternativa disgusta profundamente a buena parte de los partidos soberanistas, que hasta ahora han apoyado al presidente catalán, pues consideran que es un sucedáneo (como suele llamarse al proceso participativo) que “no tendría ningún tipo de validez legal” ante los organismos internacionales.
Debido a esta falta de apoyo de los partidos, Mas se ha visto obligado a prolongar la reunión en el Palacio de Pedralbes de Barcelona para evitar dar oficialmente por roto el consenso entre su programa y las cuatro formaciones que apoyan el proceso independentista de Cataluña.
La tensión entre los partidos era evidente, pues técnicamente la consulta del 9 de noviembre sobre la independencia ya no puede realizarse, al menos tal y como se planteó inicialmente en el decreto de convocatoria de la misma firmado por Mas en julio.
La suspensión de este decreto por parte del Tribunal Constitucional, así como de buena parte de la Ley de Consultas catalana, ha impedido a la Generalitat completar el censo de electores en los plazos establecidos, así como la organización de los locales de votación.
Los partidos llegaron a la reunión después de que el Gobierno catalán y su entorno comenzara ya a cambiar el mensaje de los últimos meses. En lugar de insistir en que la consulta del 9 de noviembre se celebrará pase lo que pase, hoy ya no se daba nada por seguro. De hecho, el consejero de Empresa, Felip Puig intentó restar importancia a una eventual cancelación del 9-N asegurando que si no se vota esa jornada “se hará en una fecha posterior”.
Sin embargo, todavía hay quienes insisten en buscar que el proceso sea llevado a cabo con sus objetivos iniciales, aunque tenga que recurrirse a otros métodos legales. El presidente del Consejo de la Transición Nacional que asesora a Artur Mas, Carles Viver-Pi i Sunyer, abogó por convocar unos comicios anticipados e intentar darles un carácter de plebiscito sobre la independencia.
Según Viver estas elecciones “tienen la ventaja de ser un proceso dentro de la legalidad y es muy difícil que lo prohíban. La convocatoria la hace el presidente a través de un decreto, que no es impugnable, y los programas de los partidos en principio tampoco son impugnables”. A su vez insistió en las ventajas de este tipo de elecciones a partir de este momento.