La estadounidense Human Rights Data Analysis Group (Hrdag), que se define como "una organización sin ánimo de lucro no partidista que aplica ciencia rigurosa al análisis de las violaciones de derechos humanos por todo el mundo". Un equipo de HRDAG liderado por la estadística Megan Price -con experiencia en Guatemala- lleva la cuenta siria por encargo y en nombre de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Navy Pillay. Su último balance, el 13 de junio, era de 92.901 fallecidos documentados tras examinar ocho bases de datos (incluidas las del Gobierno de Bashar al-Assad y las de la mezcolanza de grupos de activistas rebeldes) y filtrarlas (a mano y por ordenador) para asegurarse de que cada víctima es contabilizada una sola vez. De cada uno de los 92.901 saben (al menos) lo más esencial: el nombre, cuándo y dónde murieron. Es decir, los 16 muertos de Kfar Batna no serán incluidos mientras sigan anónimos, según revela diario El País.
Price, jefa de un grupo que incluye estadísticos, informáticos, demógrafos y científicos sociales, recalcó al presentar el recuento que es un balance de mínimos porque el abanico de fallecimientos sin documentar es amplísimo: muertos sin localizar aún, víctimas de ataques solo presenciados por los agresores, víctimas cuyos allegados no se sienten lo suficientemente seguros para denunciarlo, familiares que no han encontrado a quién contárselo o que han huido de Siria. Pasó en España. Casanova, catedrático de Historia Contemporánea, explica que en el verano-otoño de 1936 "hubo muchas víctimas sin registrar" - asesinados por "militares y falangistas que los dejaron tirados en cunetas, pozos y dehesas"- en lo que él ha denominado "el terror caliente".
Los muertos son la magnitud más obvia de un conflicto pero contarlos queda muy lejos de medir de verdad la magnitud de lo ocurrido y del sufrimiento padecido e infligido.
Afinar los números suele llevar tiempo (y voluntad política) como bien saben en Colombia. El Centro Nacional de Memoria Histórica difundió a finales de julio el informe ¡Basta ya! Es escalofriante aunque incluye más cifras que nombres propios. De cada diez colombianos fallecidos desde 1958 hasta 2012 tres murieron a causa de la guerra. Tres de cada diez. Son 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos, 4.744.048 desplazados, 27.023 secuestrados, 10.000 amputados...
La coordinadora del informe, Martha Nubia Bello, explica por teléfono que la cifra de 220.000 "no es la de todos los muertos, son los muertos documentados. Muchas muertes ha sido imposible documentarlas porque ocurrieron en zonas remotas adonde ni llegó el Estado, se destruyeron pruebas, hubo hornos crematorios, se arrojaron cadáveres a los ríos, hubo desapariciones forzadas". Bello deja claro que ha sido una tarea titánica. Sobre todo documentar el periodo 1958-1985, cuando las cifras oficiales son inexistentes y hubo que recurrir a bitácoras de grupos de derechos humanos e informaciones periodísticas. A partir de 1985 se incorporan los datos declarados por las propias víctimas y los recogidos por la Fiscalía y los institutos de medicina legal, detalla. Asegura que la mayoría de los colombianos está de acuerdo en la magnitud de la tragedia; las disputas afloran en el reparto de responsabilidades. Resumido en una frase, los paramilitares son los que más mataron y la guerrilla, la que más secuestró.
Explica Bello, del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, que el fin es "visibilizar lo que los actores de la guerra quisieron ocultar y es una manera de devolverles la dignidad a las víctimas".
El proyecto Every Casualty (Todas las víctimas) pretende que los Gobiernos se aseguren de que cada fallecido en un conflicto armado sea debidamente documentado, una tarea hercúlea que ahora recae en buena medida en abnegados miembros de la sociedad civil que a menudo trabajan por libre, sin contacto alguno con otros grupos embarcados en tareas semejantes. La investigadora de este proyecto del Oxford Research Center Elizabeth Minor enumera motivos por lo que es necesario que el recuento se haga bien desde el principio: contribuye al reconocimiento de las víctimas como individuos, los registros detallados, verificables y fiables demuestran derechos de las víctimas y sus allegados, pueden ser una prueba vital para que los perpetradores rindan cuentas, puede contribuir a los esfuerzos de buscar la paz y la reconciliación, y puede ayudar a la toma de decisiones políticas o a encauzar la ayuda humanitaria.
Criterios básicos
Every Casualty ha creado una red de unos 40 grupos que recogen los datos de cada muerto en conflictos armados por todo el mundo (de Darfur, a Guatemala o Somalia). Uno de los objetivos del proyecto es desarrollar unos criterios básicos para asegurar que toda la documentación recabada comparte unos mínimos que garantizan su calidad y credibilidad. Y como en todo, existen buenas prácticas, prácticas no tan buenas o directamente malas.
El denominado Libro de la Memoria de Kosovo es, en opinión de la experta Minor, un buen ejemplo. Incluye serbios y albaneses, civiles, guerrilleros, policías y soldados muertos durante la guerra en la provincia serbia que le da nombre (y que luego se declaró independiente). Y cuenta quién era y como murió cada caído en los tres años (1998-2000) que duró la contienda. Es un proyecto en desarrollo (se ha publicado ya un volumen; otros vienen de camino) que realizan mano a mano los centros de Legislación Humanitaria de Kosovo y Belgrado que además anima, como recalca la citada experta, a las comunidades a comprobar la información publicada y a corregirla si lo requiere. Bajo el lema, "Dejad que la gente recuerde a la gente", el libro incluye unas frases que resumen retazos de las vidas de cada víctima.
El mal ejemplo que cita esta especialista de Every Casualty es reciente: Libia, hace poco más de dos años. "Las víctimas no fueron contadas con precisión pero había referencias a los números para apoyar diferentes posiciones políticas antes de la intervención de la OTAN (en marzo de 2011) cuando cifras como "40.000 muertos" eran regularmente citadas sin ningún tipo de fuente o documentación", explica.
Ya lo dice el libro Sex, Drugs and Body Count: "El anuncio público de un número impresionantemente abultado, al margen de su origen o validez, puede generar una amplia cobertura mediática que, en consecuencia, legitima y perpetua el uso de ese número". Editado por Peter Andreas y Kelly M. Greenhill, en él diversos expertos analizan "la política de los números" en la gestión del crimen organizado y los conflictos. Un filón enun mundo en el que el anumerismo (la incapacidad para entender lo que las matemáticas más básicas) está a la orden del día.
En Libia, cuenta Minor, el Ministerio de los Mártires y las Personas Desaparecidas trabaja ahora en colaboración con la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas.
La distinción entre combatientes y civiles se considera una de las claves al analizar cualquier conflicto, pero en el balance oficial a fecha de hoy en Siria, más de 100.000 muertos, Naciones Unidas nunca lo desglosa. "El análisis no ha sido capaz de diferenciar consistentemente (a las víctimas) como combatientes y no combatientes", explica la portavoz de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. Tampoco apunta cuántos han caído por cada bando.
A veces las cifran bailan por discrepancias en la definición de combatiente. La policía civil es un ejemplo clásico. ¿Es civil o combatiente?
Siete décadas después de concluida la guerra civil española, seguida de una represión franquista brutal y sin una comisión de la verdad, aún existen dirigentes políticos que echan mano de cifras (y argumentos) falsos, pura propaganda. "Las consecuencias de la República llevaron a un millón de muertos", declaró sin despeinarse nada menos que el portavoz adjunto del PP, Rafael Hernando, a finales de agosto en una entrevista en televisión. La iniciativa Todos los nombres nació para rescatar las vidas de las víctimas.
El historiador Julián Casanova explicaba (días antes de las palabras de Hernando) que "el número total aproximado de muertos, frente a la cifra mágica de un millón, es de 600.000". El catedrático lo detalla en su libroEspaña partida en dos. Breve historia de la guerra civil española (Crítica, 2013). Unas 100.000 personas murieron víctimas de la violencia militar/falangista durante la guerra; unos 55.000 de la violencia en la zona republicana y el resto falleció en combate, en los frentes. Añade Casanova que en la represión de posguerra -más fácil de cuantificar que "el terror caliente" del inicio de la contienda porque la mayoría fue fusilado y anotado aunque fuera tras juicios farsa- perecieron entre 40.000 y 50.000 personas. Él calcula que aún existen en torno a 30.000 muertos en la zona franquista de los que no existe rastro, que nunca fueron registrados.