Dilma Rousseff retomó la agenda que estaba siendo escrita en las calles por cientos de miles de "indignados" y, luego de proponer un plebiscito para reformar la Constitución de Brasil y cinco pactos sociales y políticos, propuso que la corrupción sea considerada de la misma manera que los "crímenes horrendos".
Señaló, en ese sentido, que "queremos dar prioridad a la lucha contra la corrupción de manera contundente. En consecuencia, necesitamos una nueva ley que clasifica a la corrupción intencional como un crimen atroz".
"La calle -dijo la mandataria brasileña- está diciéndonos que quiere más ciudadanía, que quiere una ciudadanía plena".
La reacción de este lunes fue en dos frentes: el político y el social. Se reunió con los gobernadores y alcaldes de las principales capitales, pero antes, recibió a los líderes reconocidos del movimiento Passe Livre, los que conducen las manifestaciones por las calles de Brasil.