Las claves de la propuesta de reforma migratoria de EEUU

Ya se cuenta formalmente con un proyecto sobre migraciones. Conocé aquí los puntos fundamentales de ese escrito.

Estados Unidos cuenta desde este miércoles formalmente con una propuesta de reforma migratoria, tras la introducción de una iniciativa legislativa en este sentido por parte de los ocho senadores republicanos y demócratas que han trabajado en su texto los últimos meses.

La "Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de la Inmigración" es un documento de 844 páginas que esboza principalmente ideas para combinar dos de los principales reclamos en materia migratoria: reforzar la seguridad fronteriza estadounidense, como exigen los conservadores, y una vía para la legalización de los 11 millones de indocumentados que viven en el país, demanda de los principales grupos de cabildeo proinmigración y del propio presidente estadounidense, el demócrata Barack Obama.

A continuación, algunos de los principales puntos de la iniciativa que todavía tiene ante sí un largo camino legislativo:


Seguridad fronteriza


Los autores de la propuesta son muy claros en el condicionamiento de cualquier vía a la legalización de indocumentados a que primero se cumplan ciertos requisitos en materia de seguridad fronteriza.

Para ello, proponen en el proyecto de ley dos "estrategias" en seguridad fronteriza para los que piden un total de 4.500 millones de dólares y la contratación de hasta 3.500 agentes de aduanas adicionales.

La primera iniciativa es la "Estrategia de Seguridad Integral de la Frontera Sur" y tiene como objetivo "lograr y mantener un control efectivo en todos los sectores fronterizos de alto riesgo" en la línea demarcatoria con México, para lo que prevé inversiones por 3.000 millones de dólares y el uso también de aviones no tripulados, entre otros.

La segunda es la "Estrategia de Vallaje de la Frontera Sur" y prevé otros 1.500 millones de dólares para "identificar" en qué partes de la frontera se requiere más "vallaje, incluidas vallas dobles, infraestructura y tecnología" para impedir el traspaso ilegal.

La normativa exige un "cumplimiento sustancial" de los objetivos de ambas estrategias antes de que se abra el camino hacia la legalización de indocumentados.

La vía hacia la legalización


Según la propuesta, sólo podrán beneficiarse de la medida aquellos indocumentados que ingresaron en Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011 y han estado de forma "continuada" en el país desde entonces.

Además, no pueden haber cometido delitos y -salvo excepciones como en el caso de los jóvenes- deberán pagar una multa de 500 dólares y asumir los costes de todo el proceso antes de que éste comience.

Estos pasos les permitirán adquirir el "estatus de inmigrante registrado provisionalmente" (RPI, por sus siglas en inglés) que constituye el primer nivel del largo proceso hasta la obtención de la residencia permanente (la "tarjeta verde") en no menos de diez años y la ciudadanía en principio tres años más tarde, aunque este punto no está aún concretado.

Todo este proceso le costará al postulante hasta 2.000 dólares en varios tramos. Además, el candidato deberá cumplir otros requisitos, como poder demostrar conocimientos del inglés, que han trabajado en el país de forma regular o que ha pagado todos los impuestos atrasados.

El camino es más sencillo para dos grupos específicos: los "dreamers" o jóvenes indocumentados que llegaron al país de pequeños junto con sus padres, y los trabajadores agrícolas. El período de espera para obtener la "tarjeta verde" es para estos dos grupos de sólo cinco años. En el caso de los "dreamers" o "soñadores", tras ello además podrán obtener de manera inmediata la ciudadanía, sin tener que esperar más o "ponerse a la cola" como los otros indocumentados.


Inmigración legal


La propuesta de ley también propone algunos cambios a la emisión de visas para ingresar a Estados Unidos, entre otros el incremento de 65.000 a más de 100.000 la emisión de visados para trabajadores de alta cualificación (el HB-1) y un programa de trabajadores visitantes duramente negociado con empresarios y sindicatos.

Además, se limitará también la emisión generalizada de visas de trabajo cuando la tasa de desempleo supere el 8,5 por ciento y se establece la obligatoriedad de programas como el "E-Verify", que permite a los empleadores comprobar el estatus legal de sus trabajadores.



Fuente: Dpa.