El gobierno de Guatemala anunció hoy que no reconocerá fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre casos ocurridos antes de marzo de 1987.
En un decreto publicado hoy en el Diario Oficial, el gobierno del general Otto Pérez Molina fundamentó la decisión en una “reserva” hecha por el Estado y en vigencia desde marzo de 1987, que reconoce la jurisdicción de la Corte IDH sólo para casos posteriores a esa fecha.
Según el decreto, esa reserva “no ha sido interpretada adecuadamente” por la Corte IDH, que desde 1996 sentenció a Guatemala por 28 casos de violaciones de derechos humanos, la mayoría ocurridos antes de 1987.
“Corresponde hacer una aclaración interpretativa de dicha reserva para su comprensión y aplicación conforme a la voluntad del Estado, en armonía con el ordenamiento jurídico internacional y con los compromisos de Estado derivados de la aprobación y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señala el decreto.
El instrumento subraya que “la competencia de la Corte Interamericana de Justicia es exclusivamente para hechos cometidos con posterioridad al 9 de marzo de 1987”.
“En caso de hechos o delitos continuados, el principio de ejecución o conducta originada debe haber sucedido con posterioridad al reconocimiento de esa competencia”, indica el texto, reseñado por la agencia de noticias EFE.
La Corte IDH, con sede en Costa Rica, condenó en noviembre pasado al Estado guatemalteco por la desaparición forzada del líder estudiantil y sindical Edgar García, perpetrada el 18 de febrero de 1984 por un grupo de agentes de la hoy disuelta Policía Nacional.
También en noviembre, el tribunal regional condenó al Estado guatemalteco por el caso conocido como “Diario Militar”.
Se trata de un documento elaborado entre agosto de 1983 y marzo de 1985 por una unidad de la inteligencia militar que contiene un registro de secuestros, detenciones secretas y asesinatos, así como información sobre las víctimas de dichos operativos.
La Corte IDH también condenó a Guatemala por las masacres de población civil cometidas a principios de la década de los 80 por miembros del Ejército, en los casos conocidos como Plan de Sánchez y Río Negro.
Según la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, la guerra que vivió Guatemala entre 1960 y 1996 dejó más de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados.