l presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano José de Jesús Orozco, pidió este jueves a Venezuela reconsiderar su decisión de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.
"Formulamos votos para que Venezuela reconsidere su decisión antes de que surta efecto la denuncia", dijo Orozco durante una reunión auspiciada por la Cancillería mexicana sobre el fortalecimiento a los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos Hay temas que "aún no hemos resuelto y retrocesos que no deberíamos entender", agregó.
Orozco explicó que, de mantenerse la decisión del gobierno del presidente Hugo Chávez, las violaciones de derechos humanos que ocurran en Venezuela a partir del 11 de septiembre del próximo año no podrán ser objeto de escrutinio de la CIDH ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Chávez ha sido crítico con la gestión de ambos organismos depedientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), a los que ha calificado como "un brazo del imperio para agredir a Venezuela".
El lunes, la OEA informó que había recibido la notificación de Venezuela de renunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, primer paso para que se formalice en un año su salida de la Corte IDH. En julio, la Corte IDH, con sede en San José, responsabilizó a Venezuela de "tratos inhumanos" al venezolano Raúl Díaz Peña durante sus seis años de reclusión por participar en los atentados con bomba contra sedes diplomáticas de España y Colombia en 2003.
Tras ser trasladado a un régimen de prisión abierta, Díaz Peña huyó de Venezuela en 2010 y buscó refugio en Miami, donde tiene pendiente una solicitud de asilo político.
Caso testigo
El martes 24 de julio de este año, Venezuela rechazó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Raúl Díaz Peña, autor de los ataques terroristas contra el Consulado General de Colombia y la Oficina de Comercio de España, perpetrados en Caracas en 2003. Desde el 25 de febrero de 2004 hasta el 13 de mayo de 2013, Díaz Peña permaneció recluido en el Control de Aprehendidos, ubicado en El Helicoide, en Caracas.
El 29 de abril de 2008 fue condenado a nueve años y cuatro meses de prisión “por los delitos de intimación pública, daños a la propiedad pública y lesiones leves”.
En septiembre de 2010 se fugó del país hacia Miami, Estados Unidos, con ayuda de organizaciones de derecha, para pedir asilo “político”. El fallo de la CIDH del 20 de julio acusa al Estado venezolano de ser “internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña”.
Caracas subrayó que el tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA)) “continúa erosionando su credibilidad, al emitir una decisión aberrante en un caso que nunca debió admitir, pues en atención a los principios de complementariedad y subsidiariedad, ésta solo debe actuar una vez que se han agotado todos los recursos internos”.
El comunicado de la Cancillería acusa a la Corte de dejar “al descubierto su complicidad con la política de Washington de protección a los terroristas que atentan contra los pueblos de Nuestra América”.
La diplomacia venezolana exigió al tribunal hemisférico “que aplique los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos”.
CDIH pide a Venezuela reconsiderar la denuncia a la Convención de DDHH
De mantenerse la decisión del gobierno del presidente Hugo Chávez, las violaciones de derechos humanos que ocurran en Venezuela a partir del 11 de septiembre del próximo año no podrán ser objeto de escrutinio de Corte Interamericana de Derechos Humanos.
