El gobierno español anunció el viernes un plan de saneamiento de la banca que le impone provisiones adicionales por valor de 30.000 millones de euros y aislar sus activos inmobiliarios, problemáticos debido a la devaluación del mercado tras el estallido de la burbuja en 2008.
Las entidades bancarias españolas cargan con una losa de 184.000 millones de euros (unos 238.000 millones de dólares) de activos inmobiliarios de valor incierto (créditos de dudoso reembolso, inmuebles confiscados en un mercado devaluado), que representan un 60% de su cartera.
Esto provoca inquietud de los mercados sobre la salud de la economía española, especialmente después que esta semana Madrid tuviese que rescatar a Bankia, cuarto banco del país y el más expuesto de los grandes a estos activos tóxicos.
"La idea general es que la situación de los bancos es peor de lo que se creía", considera Edward Hugh, economista independiente afincado en Barcelona, recordando que "todavía estamos lejos de conocer la verdadera envergadura de las pérdidas" causadas por el sector de la construcción.
Como consecuencia, la nueva reforma impone aislar estos activos en los balances de los bancos y valorarlos correctamente.
El gobierno decidió así una separación, "obligatoria para todas las entidades", de los activos tóxicos en sociedades especializadas, anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Sin embargo, para Soledad Pellón, analista de la firma de corretaje IG Markets, aún "quedan muchos cabos sueltos en torno a la creación de esos bancos malos, eufemísticamente llamados sociedades de inversión inmobiliaria".
Existe en el mercado "preocupación por saber cómo se van a financiar estos bancos malos y quién los gestionará", agrega.
El ejecutivo decidió asimismo "encargar a dos valoradotes independientes" analizar los activos inmobiliarios de "todos los balances de las entidades financieras", anunció la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La tranquilidad del mercado dependerá, según Pellón, del resultado de dicha auditoría, que no llegará antes de dos o tres meses.
"La idea de que algunos bancos no puedan asumir las provisiones exigidas ni soportar las pérdidas por los fuertes descuentos exigidos está en el aire", afirma.
"El Estado tendrá que salir al rescate de aquellos bancos que lo necesiten, trasladando el problema de la banca al del propio Estado español, un movimiento que puede ir en detrimento de la financiación del país y por tanto de su deuda", agrega.
Estas medidas se suman a una primera fase de reforma financiera, decidida en febrero por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, que ya había impuesto a la banca provisiones por valor de 53.800 millones de euros para protegerse ante el riesgo de devaluación de sus activos inmobiliarios.
Ahora "el nivel de provisiones pasará del 7% al 30%" en los activos considerados como "no problemáticos", pero susceptibles de serlo, lo que representará un aumento de 30.000 millones de euros, precisó De Guindos.
El objetivo es "dar credibilidad y confianza en nuestro sistema financiero, conseguir la venta de vivienda a precios de mercados y que vuelva el crédito", subrayó Sáenz de Santamaría.
"Lo que pretendemos es que para esas viviendas se fije su precio real, aunque pierdan dinero todos, los promotores y los bancos; se fije su precio real y se saquen a la venta", había avanzado el lunes Rajoy.
La medida fue mal recibida en la bolsa de Madrid, que pocos minutos después del anuncio perdió más de 3% y acabó cerrando en baja de 0,71%.
Esta reforma llega dos días después de una nueva intervención pública en un banco español, la octava desde el estallido de la burbuja y la más importante hasta ahora.
Esta vez se buscaba salvar a Bankia, la mayor unión de cajas de ahorros y cuarto mayor banco del país, que a finales de 2011 cargaba con 37.500 millones de euros en el sector inmobiliario, de los que 31.800 millones son considerados problemáticos.
La operación consistió en transformar en capital 4.465 millonesde euros prestados en 2010 por el fondo de ayuda pública al sector financiero (FROB) al accionista mayoritario de Bankia, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA).
Rajoy blindó la banca pública como medida anticrisis
El primer ministro español anunció un plan de saneamiento de 3 mil millones de euros destinados a los bancos españoles públicos. La medida fue tomada para dar "credibilidad y confianza" al sistema financiero, principalmente a Bankia, cuarto banco del país y la mayor unión de cajas de ahorro. Sin embargo, la iniciativa del gobierno ibérico fue mal recibida por la Bolsa de Valores de Madrid, que cayó un 3 por ciento.