Por @juanjosebolivia
A partir del año 2009 Bolivia ha dejado de pretender ser una República (inconclusa) para reconocerse como un Estado Plurinacional. Las tensiones de este reconocimiento pluricultural recién comienzan a manifestarse a partir de la toma del poder por parte de grupos culturales, grupos diferentes de los urbanos que asumieron previamente -durante todo el periodo republicano- el monopolio de ese poder.
La Constitución abrogada el año 1995 de manera ficticia dotó a la República de Bolivia de las característica de "multiétnica y pluricultural" (artículo 1) características que tuvieron muy poca aplicación en general y que en el nivel de justicia apenas tuvieron cabida en el Código de Procedimiento Penal (1997) en el reconocimiento de la Justicia Comunitaria que nunca fue aplicada en la práctica. Los quince años transcurridos sin la existencia del conflicto entre la justicia "originaria" y la justicia occidental, sugieren la existencia de dos momentos legislativos:
Al centro, el magistrado Gualberto Cusi.
1. Una Constitución y pocas leyes que reconocían un derecho indígena, pero sin ningún operador empoderado que pudiese ejercer este derecho.
2. Un gobierno indígena que asume el poder sin la construcción legislativa adecuada para el ejercicio pleno del poder.
En un segundo hito de importancia trascendental para este análisis se sitúa la elección de altas autoridades del poder judicial, desarrollada en octubre del año 2011. En esta elección la mayor votación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional fue para el Dr. Gualberto Cusi, quien asumió el cargo en enero del 2012. Esta elección tuvo un cargado tinte político (lo tiene toda elección) entre grupos fundamentalmente urbanos que apostaron por anular su voto y grupos afines al gobierno que eligieron a las autoridades.
La elección de Gualberto Cusi, que se presentó como aymara a la elección, demuestra el triunfo electoral y democrático de una de las naciones (la aymara) frente a las otras que integran al Estado Plurinacional de Bolivia.
Ahora bien, en contra de lo que muchos esperaban, el magistrado Cusi no es un abogado más disfrazado folclóricamente. Él asume la identidad aymara y asume sus ritos, costumbres y creencias. En este sentido la lectura de la coca para la toma de decisiones es una de las prácticas consuetudinaria aymara que puede no gustar al urbanita etnocéntrico pero que es reconocida por las comunidades aymaras, de hecho es impensable que un procedimiento de aplicación de justicia en una comunidad indígena se de alejada de la coca. (Sobre este punto por ejemplo cfr. "Los Aymaras de Machaca" en el Tomo 1 de la Colección de Justicia Comunitaria elaborada por el Ministerio de Justicia y el Banco Mundial el año 1997).
La reacción racista de los grupos urbanos occidentalizados o de los extranjeros ante las declaraciones del magistrado Cusi demuestran la existencia del conflicto entre dos formas diversas de contemplar la realidad y este conflicto es positivo en la medida que surge por el empoderamiento de la nación aymara en un Alto Tribunal de Justicia al que se accedió mediante voto popular, la gestión del conflicto inteligente de parte de los no aymaras debería ser la de analizar los fallos de este Magistrado y atacarlos por el resultado, no prejuzgar y pretender ridiculizar una práctica ancestral como si se tratase de una lectura del futuro en las hojas de coca o como si se tratase de un retroceso histórico.
En todo caso deberán considerar -aquellos que hablan de retrocesos- que es precisamente eso lo que busca el movimiento indígena, retroceder a la era del Tawantinsuyo lo que no necesariamente tiene una connotación negativa.
La oportunidad histórica que vive Bolivia de gestionar este conflicto entre formas diversas de administrar justicia en un marco de convivencia pacífica y no violenta es única, si consideramos que en la última confrontación triunfó el que mayor poder de fuego tenía.