El Congreso de Honduras aprobó en la madrugada de este miércoles la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declararon inconstitucional un plan de depuración de la Policía, infiltrada por el crimen organizado.
Con 97 votos a favor de los 128 diputados de cinco partidos, el Congreso aprobó una moción de una comisión que "pide la destitución de los (cuatro) magistrados", declararon fuentes oficiales.
La destitución afecta a los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas (presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel debido a que admitieron un recurso de amparo en contra de las pruebas de confianza que se realizan a los policías hondureños en el proceso de depuración de esa institución.
Honduras es un caos actualmente, porque además hasta ayer se hablaba de un golpe de estado.
Quedó excluido de la separación el magistrado Óscar Chinchilla, quien votó en contra de ese recurso.
El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, abrió la sesión a eso de la 01H30 locales (07H30 GMT) de la madrugada señalando su molestia por la determinación asumida por la Sala de lo Constitucional.
Con esta destitución se está dando "un golpe técnico" al poder Judicial, manifestó el diputado opositor Wenceslao Lara, quien advirtió que esta decisión es una "violación de la Constitución", que "conllevaba responsabilidad penal".
La prensa hondureña comentaba ayer que durante casi todo el día nadie supo informar oficialmente sobre el paradero del presidente Porfirio Lobo.
La destitución agudiza aún más la crisis institucional del país que se viene evidenciando desde hace varios meses por las críticas del Legislativo y el Ejecutivo hacia el poder Judicial, por declarar inconstitucional cerca de siete proyectos de ley que se pretendían implementar.
El 28 de noviembre, la Sala declaró inconstitucional la medida al acoger un recurso presentado por un abogado defensor de los policías por considerar que el proceso de depuración incluye procedimientos que los obliga "a declarar contra ellos mismos".
En 2010 ya destituyeron a cinco jueces, según los magistrados, por oponerse a la política de gobierno central (video abajo).
No obstante, como el recurso fue acogido por cuatro de los cinco magistrados de la Sala, y no por unanimidad, el caso, según la legislación hondureña, debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia este mismo miércoles.
En junio pasado, el Congreso puso en vigor las llamadas "pruebas de confianza" a través de una ley con vigencia de seis meses que vencieron el 24 de octubre y que consisten en someter a los miembros de la policía a exámenes antidrogas, polígrafo e investigaciones patrimoniales en busca de indicios de enriquecimiento ilícito.
El proceso de depuración fue ordenado por el presidente hondureño, Porfirio Lobo, luego de que en octubre del año pasado un grupo de agentes asesinara a tiros en un bulevar de Tegucigalpa (capital) a dos universitarios, entre ellos el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellano.
Tras investigaciones impulsadas por la rectora, la Fiscalía denunció que varias sedes de la Policía estaban involucradas en tráfico de drogas, secuestros, robo de autos, extorsión, entre otros delitos.
Una vieja historia
A mediados de 2010, otros cinco jueces fueron destituídos en Honduras. En esa oportunidad, los magistrados atribuyeron su despido a la posición que adoptaron frente al régimen de facto del gobierno central. Los jueces recibieron a nivel nacional un buen apoyo por parte de la población. De hecho, hubo hasta masivas huelgas de hambre por parte de docentes quienes también fueron despedidos por su oposición a determinadas indicaciones por parte del régimen nacional.
Mirá el video y enteráte de más detalles del suceso: