Al menos 350.000 familias han sido desahuciadas en los últimos cuatro años en España, desde el inicio de la crisis económica, por no poder hacer frente al pago de las hipotecas, según estimaciones publicadas por medios españoles. La semana pasada un hombre se suicidó y otro intentó hacerlo cuando iban a ser desahuciados.
Asociaciones de jueces y fiscales han pedido en las últimas semanas que se reforme la normativa sobre desahucios y ejecuciones presupuestarias porque consideran que deja desprotegidos a los ciudadanos y favorece excesivamente a la banca. Los desahucios, además, provocan desde hace tiempo protestas sociales en el país, donde han surgido plataformas ciudadanas para frenarlos.
El Ejecutivo de Rajoy ha creado un grupo de trabajo en el que participan los ministerios de Economía, Hacienda y Justicia, entre otros, en el que pretende analizar "todas las posibilidades legales" para frenar los desahucios, dijo la vicepresidenta, que avanzó que ya ha habido una reunión de alto nivel.
El gobierno pretende pactar la reforma con el Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición, que hace una semana hizo ya una propuesta para minimizar el impacto de los desahucios.
A principios de año, el Ejecutivo español propuso a la banca un Código de Buenas Prácticas voluntario destinado a frenar los desahucios. En él se incluían medidas como la reestructuración de la deuda hipotecaria, una quita parcial y la llamada dación en pago, para que las familias "en riesgo de exclusión social" puedan saldar su hipoteca entregando su vivienda al banco.
La vicepresidenta dijo hoy que se hace necesario dar una "nueva vuelta de tuerca" a ese código.
Rajoy se ocupa de los desahucios en España
Hará reformas en medio de la crisis económica que atraviesa el país.
