Denunciarán penalmente al ministro de Defensa uruguayo

El ministro de Defensa Nacional de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, será denunciado mañana ante la justicia penal por presunto desacato, al prohibir a una jueza tomar fotos de un centro clandestino de tortura que funcionó en un predio militar durante la última dictadura (1973-1985).

Eleuterio Fernández. Foto: acn.com.ve
Eleuterio Fernández. Foto: acn.com.ve

Uno de los denunciantes, el periodista Rodolfo Porley, que estuvo preso entre 1975 y 1978, informó hoy a dpa que la denuncia será presentada junto con su abogado, Federico Alvarez, en calidad de testigo, ya que estuvo en el lugar el jueves 27 de septiembre, cuando se procedió a una inspección ocular.

La jueza actuante Mariana Mota fue autorizada a recorrer el lugar donde funciona un batallón y el servicio de Armamento del Ejército, ubicado a 15 minutos del centro de Montevideo, pero por orden del ministro y ex guerrillero Fernández Huidobro, no se permitió la toma de fotografías.

"La razón esgrimida para esa negativa sería la supuesta existencia en el lugar de material sensible", comentó Porley, aunque se comprobó que en los galpones visitados solamente había máquinas viejas y restos de metal y madera.

La inspección judicial no pudo completarse debidamente y los denunciantes consideran que la actitud del ministro de Defensa "implica una flagrante violación" a la separación y competencias constitucional de poderes.

También se cree que "existen elementos suficientes para iniciar una diligencia preliminar a fin de investigar si se ha cometido el delito de desacato" tal como lo establece el Código Penal uruguayo.

Los promotores de esta denuncia también enteraron de la situación a las autoridades de la coalición de izquierdas Frente Amplio (FA) ya que otras seis víctimas de la dictadura, que concurrieron a la inspección ocular del 27 de septiembre, se declararon militantes de esa organización.

La inspección ocular forma parte de una causa abierta en la justicia uruguaya por iniciativa de Porley y contra el Estado uruguayo por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por los aparatos represivos entre 1973 y 1985.