El análisis de Carlos Rivera Paz en Alainet.org sobre la realidad peruana
Alberto Fujimori Fujimori purga prisión porque la justicia peruana lo encontró responsable de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de corrupción de funcionarios. Por todos los delitos por los que fue extraditado de Chile resultó condenado. Este hecho -poco frecuente- no solo da cuenta de que durante los años noventa se instaló en el Estado peruano una mafia que de manera sistemática perpetro delitos para saquear los recursos públicos y para violar los derechos humanos, sino también nos indica que frente a estos hechos solo la acción decidida de la justicia puede restaurar la dignidad de la nación.
Hace exactamente 2 años la Sala Penal Especial, presidida por el magistrado César San Martín Castro, dictó sentencia condenatoria contra el ex presidente de la república Alberto Fujimori Fujimori por la comisión de delitos graves contra los derechos humanos (Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti). Hoy, a pocos días de la elección del próximo presidente de la república -en la que la hija del condenado aspira a ocupar dicho cargo- esa sentencia sigue constituyendo un hito en la historia política y judicial del Perú que nadie puede dejar de tener en cuenta, menos aun en circunstancias en las que se intenta debatir de qué mejor manera se gobierna un país.
Estamos completamente convencidos que el juicio contra Fujimori fue la mejor expresión de una decisión institucional del Poder Judicial y del Ministerio Público para hacer justicia y demostrar al mundo entero que sí es posible investigar y juzgar los crímenes cometidos desde el poder cometidos por quien tenía la condición de jefe de Estado, en el marco del respeto más irrestricto de la garantías fundamentales del debido proceso. Desde el momento en que se desarrollaba el proceso y más aun cuando se conoció la sentencia condenatoria estábamos convencidos que ese proceso y esa sentencia deberían marcar un antes y un después en la actuación del sistema de justicia y en el desarrollo de la institucionalidad del país. Ciertamente en ambos escenarios hay evidentes retrocesos y múltiples resistencias pero aun así la sentencia sigue siendo un verdadero hito y sigue siendo un referente obligado, pero -además- sigue siendo un consistente mensaje para señalar que los crímenes perpetrados desde el Estado deben ser sancionados con severidad.
Los crímenes que ordenó Alberto Fujimori Fujimori El proceso contra Alberto Fujimori concentra cuatro graves violaciones a los derechos humanos: la matanza de Barrios Altos, los desaparecidos de La Cantuta y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Pero si bien en el expediente judicial se investigó, juzgó y sentenció solo estos cuatro casos la sentencia señala con mucha claridad que esos crímenes fueron parte de un contexto en el que se perpetraron violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Dice la sentencia que "…estos crímenes, por su modalidad, frecuencia y calidad de los ejecutores, inserción en los organismos de inteligencia militar del Destacamento Especial de Inteligencia Colina y características de la misión afectadas, deben calificarse de crímenes generalizados y sistemáticos, propios de una violencia organizada desde el aparato estatal".