Después de cuatro años y medio de discusión sobre las modificaciones que había que hacerle al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS 100) de 1994 y de una votación adversa el año pasado, el Gobierno Regional aprobó, finalmente, ayer la expansión urbana de Santiago hacia la zona sur y norponiente al 2030.
En una sesión realizada en la Intendencia, que se extendió por casi dos horas, los cambios al PRMS fueron visados por 17 votos a favor, ocho en contra y una abstención. Con ello, Santiago se extenderá en 10.262 hectáreas (9.472 en nuevos terrenos y 789 en áreas de reconversión de uso de suelo vigente) en ocho comunas: Renca, Cerro Navia, La Pintana, Puente Alto, Quilicura, Pudahuel, Maipú y San Bernardo. En suma, el área urbana, que hoy alcanza 75.000 hectáreas, podrá albergar en los nuevos terrenos a los 1.600.000 habitantes que tendrá la capital en 20 años más.
Según el intendente de la Región Metropolitana, Fernando Echevería, el propósito del instrumento es hacer frente a la demanda por viviendas, vialidad, áreas verdes y servicios que tendrá la ciudad a futuro. "El plan va a permitir un desarrollo con condicionamiento", indicó Echeverría.
El que se impongan condiciones se traduce en tres exigencias para los desarrolladores inmobiliarios: que se encarguen de mejorar la conectividad de los nuevos polos urbanos con el centro de las comunas cercanas; la creación de áreas verdes y su mantención durante los primeros cinco años; que aseguren un mínimo de 8% de suelo -del total de proyectos inmobiliarios ejecutados- a viviendas sociales.
Puntos de conflicto
Una de las principales preocupaciones manifestadas por los municipios era la mantención de las 2.577 nuevas hectáreas de áreas verdes y que suponen un 25% más a las existentes. Frente a ello, Echeverría fijó un protocolo de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, que se firmará en los próximos días, para crear un fondo de mantención de éstas. "Con eso, los municipios no deberán asumir los costos", agregó.
Para el presidente de la comisión de vivienda de la Asociación Chilena de Municipalidades, Daniel Morales, el plan "es incompleto. No se condice generar una política para viviendas sociales cuando el ministerio quiere eliminar el subsidio de localización que permite integrarlas".
La ministra de Vivienda, Magdalena Matte, destacó que el plan permitirá hacer frente al déficit habitacional de la capital. "Creemos que esto puede darle vivienda a 60 mil familias. Creemos que los precios de los suelos van a bajar y, así, tendremos más alternativas para las familias vulnerables", señaló.
Este es uno de los puntos que más generó debate: que se aumentara la cantidad de viviendas sociales en comunas que hoy ya tienen un alto porcentaje de éstas.
La seremi de Vivienda Metropolitana, Marisol Rojas, subrayó que "este 8% de superficie permitirá tener una densidad de 300 habitantes por hectárea, lo que resolverá, al menos, el 30% del déficit de vivienda social".
Rojas aclaró que luego de la aprobación de PRMS, viene la revisión por parte de Contraloría.
Para el director del Instituto de Estudios Urbanos de la UC, Pedro Bannen, "la modificación es parcial y no aborda sistémicamente los problemas de la ciudad. Se provee de suelo urbanizable condicionado a áreas verdes y la factibilidad que eso ocurra es lejana. Estos son bienes públicos y como el cerro de Chena o de Renca, no tendrán mantención", explica.
Para el presidente de la comisión de urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción, Fernando Herrera, "el Estado no debe producir incentivos para fomentar sectores en desmedro de otros. "Cada proyecto debe hacerse cargo de sus externalidades. Los ciudadanos son libres de elegir dónde y cómo vivir", dijo.
Fuente: La Tercera