El dinero que la comunidad internacional inyecta en Somalia mantiene vivo el conflicto en el país. Los fondos que deberían destinarse a mejorar la situación, solo sirven para subvencionar a un Gobierno corrupto y financiar indirectamente a los rebeldes.
Circulamos en carros blindados a toda velocidad por calles destrozadas. Los niños nos sonríen y saludan con la mano, los jóvenes sin uniforme pasean con grandes fusiles y largas ristras de balas en los hombros, los ancianos sentados en las puertas de casas en ruinas nos siguen con una mirada imperturbable. Bienvenidos a Mogadiscio, la capital de Somalia, el Estado más fallido del mundo.
Llegamos al Parlamento, cerca de Villa Somalia, nombre con el que se conoce al recinto presidencial. Un destacamento ugandés de AMISOM, la misión militar de paz de la Unión Africana (UA), protege la zona.
El Parlamento cuenta con la considerable cifra de 550 diputados. Y ya sólo, el Gobierno Federal de Transición (GFT) está formado nada menos que por 39 ministros (incluyendo por ejemplo uno de Turismo y Vida Salvaje). Además del presidente del país y el del Parlamento y el primer ministro.
Sin embargo, la realidad es que el Estado no existe, no hay servicios públicos y de todo el territorio, el Gobierno sólo controla tres zonas de Mogadiscio: el puerto, el aeropuerto y Villa Somalia, incluidas sus calles adyacentes. Esto gracias a la presencia militar de AMISOM y al apoyo financiero de la comunidad internacional, que corre con la práctica totalidad de los gastos.
Desde principios de 2007, cuando el GFT reconquistó Mogadiscio, Somalia y en particular su capital, viven en estado de guerra entre el Gobierno y las milicias islamistas rebeldes. En especial, Al Shabab (“los jóvenes” en árabe), que es la más importante de la región y que en marzo declaró pertenecer a Al Qaeda. Cuenta en sus filas con militantes extranjeros y controla gran parte del país.
La población civil depende de sí misma para sobrevivir, ya sea entre los disparos y las explosiones en la capital o bajo el estricto régimen que Al Shabab impone. Están prohibidas la música y la televisión, a los ladrones se les corta las manos y se ejecuta a los espías en público.
La Unión Europea es el mayor donante de dinero para Somalia, con un presupuesto estimado en 415 millones de euros entre 2002 y 2013. Esto sin contar con la ayuda humanitaria y de emergencia.
Dada la precaria situación de la seguridad en la región, todo el trabajo se hace desde Nairobi (Kenia). Desde la delegación de la Comisión Europea, que también está ubicada allí y se ocupa de Somalia, explican que alrededor del 40 % del dinero se invierte a través de las agencias de la ONU y el resto se les da a las ONGs internacionales. No obstante, éstas sólo trabajan en terreno somalí mediante socios locales, ya que por motivos de seguridad su personal no puede establecerse en el país.
En estas circunstancias, saber dónde va a parar el capital es difícil. “Tenemos que ser creativos con la rendición de cuentas”, reconoce de forma anónima un miembro de la delegación, “pero simplemente no tenemos dinero ni recursos para averiguar en qué se lo están gastando”.
De hecho, Al Shabab impone diferentes impuestos en las áreas bajo su control y extorsiona a las organizaciones que trabajan en el terreno, por lo que podría ocurrir que el fondo europeo esté financiando indirectamente a los rebeldes.
Una de las agencias más involucradas en la región, es la oficina para Somalia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que usa capital europeo y de otros donantes para financiar al GFT y pagar parte de los sueldos de los miembros del Gobierno. Detalle controvertido ya que, aunque apenas tiene recursos y prácticamente carece de un país para gestionar, ha conseguido mantenerse durante los últimos cuatro años como la administración más corrupta del mundo, según la organización Transparencia Internacional.
“No es culpa nuestra, es el legado que nos han dejado anteriores gobiernos”, afirma Abdirahman Omar Osman, ministro de Información del GFT. Además, se queja de que los donantes no dan el dinero directamente al Estado. “La comunidad internacional no se fía de nosotros pero alguien tiene que iniciar el ciclo de confianza, estamos preparados para cambiar la situación”.
Antes de dimitir en septiembre, debido a disputas con el presidente del Gobierno, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, el primer ministro somalí, Omar Abdirashid Ali Sharmarke, señalaba: “hemos conseguido mantenernos en pie frente a enormes retos, tales como los de Irak y Afganistán. Hemos mantenido este mínimo espacio para seguir deliberando cómo ofrecer servicios a la población”.
Desde 2007, ha habido cuatro jefes de Estado y se han producido ocho remodelaciones en el mismo. Y esto en un Ejecutivo que carece de espacio que administrar.“Es increíble, les pagamos el sueldo y ellos siguen cambiando el gabinete y por supuesto se quedan con el capital”, se lamenta un miembro de la delegación de la Comisión.
En Nairobi, muchos dedos apuntan al PNUD como el responsable de enderezar al GFT, ya que se trata de la agencia que canaliza el dinero internacional para retribuir parte de los salarios de los funcionarios. La propia Oficina de Evaluación del PNUD para Somalia concluyó el pasado julio que ésta “asumió la responsabilidad de ciertas tareas y servicios que, como resultado, redujeron la credibilidad de la organización como un socio neutral e imparcial para el desarrollo”.
Marie Dimond, vicedirectora de la oficina para Somalia del PNUD, asegura que su departamento “realiza todo el esfuerzo posible para administrar la asistencia de un modo eficiente y que pueda rendir cuentas a pesar de un entorno de operaciones muy complejo”. “Vamos a continuar apoyando al país, aunque hay enormes retos dado el difícil ambiente político y de seguridad”.
Sin embargo, el delegado de la Comisión dice que habría que cambiar el concepto y “pagar no a los ministros sino a los funcionarios, así éstos tendrían el incentivo para trabajar y reinvertirían sus sueldos en la economía local”. Contrario a esta idea es un diplomático que ha vivido en Mogadiscio y trabajado para la UE y la ONU, y explica que esta acción tampoco garantizaría nada porque los miembros del Gobierno suelen traer y llevarse consigo a sus propios trabajadores, algo que responde a una complicada trama de lealtad al propio clan y grupo social. Seguí leyendo desde aquí en Foreign Policy.