El Programa Costo Social de la Corrupción, ejecutado por el Centro de Estudios Judiciales del Paraguay (CEJ) con apoyo y asistencia técnica del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue concebido con el propósito de estudiar y hacer visibles las diferentes maneras en que la corrupción afecta las bases de la educación en la República del Paraguay, a partir de un abordaje metodológico focalizado sobre cómo funciona la corrupción en una zona delimitada de la política pública.
La corrupción es un problema acuciante en Paraguay y la clase política, lejos de aportar soluciones, genera mayores problemas, tanto por su reiterada participación en escándalos de esta naturaleza, como por la falta de compromiso e ideas para generar políticas coherentes que prevengan este flagelo.
La investigación se centró en el sistema educativo público por dos razones: por un lado, las amenazas y hechos de corrupción verificados en educación demuestran que esta es un área especialmente vulnerable al desvío de fondos públicos; por otro lado, el reconocimiento de la educación como pilar sustantivo e indispensable para la democracia e independencia de los pueblos.
El estado crítico de la educación en Paraguay posee una nota distintiva: la creciente incapacidad para retener escolarizados a los alumnos y, contrariamente, la potente fuerza exclusoria que produce.
Como producto de dos años de investigación, el CEJ ha lanzado recientemente el “Informe sobre el Costo Social de la Corrupción en Educación”.
El mismo privilegia el estudio desde el enfoque del costo social. Este enfoque es significativo porque su objetivo es mostrar cómo se configuran los daños de la corrupción, pues cuando hay corrupción hay daño social, daño que adopta innumerables formas de exclusión y retroceso de la ciudadanía. Estos daños son costos para el conjunto de la sociedad porque profundizan la pobreza, la falta de educación y las diferentes necesidades básicas insatisfechas que vive la población.
Fue realizado por un equipo de jóvenes que dedicó notable esfuerzo por la recolección minuciosa de información de difícil comprensión, dispersa en instituciones públicas, medios de prensa y por supuesto, la propia voz de los afectados: alumnos, padres y docentes, con quienes mantuvieron estrecha cercanía en todo momento.
Las principales fuentes de información fueron así, información institucional, información periodística e información social.
A partir del análisis de esta información, se identificaron cinco situaciones fácticas donde la corrupción representa riesgos altos: 1. Distribución de útiles básicos, 2. Suministro de complementos nutricionales, 3. Obras civiles en escuelas, 4. Entrega de becas y 5. Asignación de rubros.
Con la identificación de estos casos se construyó una matriz que permitió medir la gravedad del costo social de la corrupción en cada uno de ellos.
De esto resultó que los programas de suministro de complementos nutricionales y distribución de útiles básicos a los escolares son los más afectados por la corrupción y representan costos sociales alarmantes.
El programa destinado a la distribución de útiles escolares es muy importante porque logra mitigar las dificultades de los padres de solventar la compra de útiles para sus hijos, y a la vez funcionan como incentivo para que estos asistan a las escuelas. Similar situación se da con el programa Complemento Nutricional que consiste en proporcionar alimentos básicos a los niños en edad escolar. Ambos programas están contemplados como obligación estatal constitucionalmente. Es decir, son derechos adquiridos por los escolares.
La investigación realizada por el Programa muestra de qué manera los hechos de corrupción, que van desde los llamados a licitaciones hasta la entrega a los beneficiarios finales, impiden que los niños ejerzan de manera efectiva estos derechos.
Muestra los diferentes mecanismos utilizados para el desvío de fondos hacia el sector privado y su consecuente impacto en la población escolar.
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