El escándalo que tapó el escándalo

La caída de Eliot Spitzer inundó la portada de los diarios. El punto culminante de su flagelación, renunciando en conferencia de prensa, fue la escena repetida sin cesar en los noticieros. El rostro mortificado de su esposa, increíblemente obligada por las convenciones a posar junto al marido en la escena de la humillación pública, fue la otra cara de la noticia que monopolizó el espacio mediático, eclipsando a las demás noticias. Entre ellas, la del Pentágono admitiendo que jamás existieron vínculos entre Al Qaeda y el régimen de Saddam Hussein.

Si la jerarquía de la información estuviera determinada por lo que los hechos significan como amenaza a la sociedad norteamericana, la conclusión de la Secretaría de Defensa sobre Saddam y Bin Laden tras una larga investigación debió ser la noticia más difundida. Y a renglón seguido, el reguero de opiniones contrapuestas por la defensa que George W. Bush hizo de la tortura por asfixia.

En el propio “caso Spitzer” el orden jerárquico de la información estuvo al revés. Lo más escandaloso no fue la adicción del gobernador de Nueva York al sexo prostibulario, sino la forma en que el FBI lo descubrió: interfiriendo teléfonos y mails merced a las leyes que autorizan el espionaje a la intimidad de los ciudadanos, una acción  que oscurece el Estado de Derecho a la sombra de prácticas totalitarias.

“El Estado invade ilegalmente la privacidad de un funcionario”, debieron decir los titulares de los diarios, acompañados por la foto del director del FBI en el momento de su renuncia por semejante violación de las libertades individuales. Por en los tiempos del “Patriot Act” todo es al revés.

Por cierto, la doble moral de Eliot Spitzer constituye una estafa a la sociedad que lo conoció como un cruzado contra la prostitución, cuando se desempeñaba como fiscal general del estado de Nueva York. Y es imprescindible aclarar que la investigación se hizo pública por los presuntos delitos que el gobernador pudo cometer como cliente de una red de prostitución. Sin embargo, no es razonabilidad jurídica lo que presenció el ciudadano, sino el show inquisitorial que advierte al individuo que el pecado de la carne y la infidelidad se pagan con la humillación pública.

Igual que en el “caso Mónica Lewinsky”, donde el impeachment contra Bill Clinton no fue por lo que hacía con la pasante en el  Despacho Oval, sino por haber mentido bajo juramento durante un interrogatorio realizado en el marco del caso Paula Johnes. Pero en los hechos, como mensaje mediático, lo que quedó en las retinas y las memorias fue el suplicio aplicado a un estadista por lo actuado en la privacidad ventilada por el fiscal Kenneth Starr, un auténtico Torquemada de la nueva inquisición.

En todo caso, lo único útil de estas ejecuciones públicas de la privacidad es que desnudan la doble moral que caracteriza a los ultra-moralistas. Desde Edgar Hoover, que como jefe del FBI usaba la información confidencial como arma de presión a políticos y notables espiados en su intimidad, encubriendo una intimidad propia plagada de los vicios y las prácticas que él denunciaba en los demás.

En rigor, tales dobleces aparecen desde el principio de la historia norteamericana, con George Washington aceptando públicamente la prohibición del adulterio en la Constitución, y manteniendo privadamente una larga y tortuosa relación con una mujer casada; o con Thomas Jefferson encarnando ideas libertarias en la vida pública y vendiendo en el mercado de esclavos algunos de los hijos que tuvo con Sally Hemings, una mujer de su propiedad.

También el siglo 20 está plagado de pruebas sobre la doble moral de los ultra moralistas; por caso Warren Harding, cuyo conservadurismo republicano no le impedía mantener relaciones con su secretaria dentro de un gran armario que había en el Despacho Oval. Y más cercanos en el tiempo, están los escándalos de dos representantes republicanos famosos en el Capitolio por sus iniciativas contra la homosexualidad. A uno lo denunciaron por acoso sexual a un guardia en un baño público, y al otro por mantener relaciones con jóvenes pasantes de su mismo sexo.

Curiosamente, los escándalos de ese tipo siempre tienen más prensa si involucran a demócratas. Lo prueban dos resonantes casos de la década del setenta: Wilbur Mills, representante demócrata por Arkansas que se paseó borracho por bares de Little Rock con una bailarina desnudista, y Wayne Hays, gobernador de Ohio que contrató a su amante como secretaria a pesar de que no sabía ni escribir a máquina.

Más repulsión causó el caso de Mel Reynolds, un legislador republicano de Illinois que terminó preso por abusar sexualmente de un voluntario de dieciséis años que colabora con su campaña electoral.

La suma no da un país caracterizado por las desviaciones sexuales de su clase dirigente, cuestión que se da en todos los países pero que en Estados Unidos se publican, sino la evidencia de una doble moral practicada por quienes sobreactúan lo contrario; como Spitzer, el adicto alas prostitutas que posaba de enemigo número uno de la prostitución.

La doble moral abarca también a una sociedad que prende hogueras mediáticas para incinerar pecadores, pero ostenta la industria pornográfica más poderosa del mundo, alimentada gratuitamente por una inmensa legión de actores vocacionales que publican hasta sus perversiones.

Por despreciable que resulte la pose hipócrita del gobernador neoyorquino caído en desgracia, prensa y sociedad debieron dar el rango de escándalo mayor a la defensa de la tortura que acaba de hacer la Casa Blanca, para salvar de una embestida judicial y legislativa a la asfixia por inmersión que se practica con presuntos terroristas.

Más escandaloso que los vicios de Spitzer fue la modalidad totalitaria que usó el FBI al descubrirlo. Y que la patética escena de su renuncia, flanqueado por el rostro abochornado de una esposa obligada a compartir la humillación pública de su marido, haya eclipsado en el espacio mediático a la noticia que debió generar el principal debate norteamericano de la semana: la admisión del Pentágono de que la afirmación de la Casa Blanca para obtener el permiso del Capitolio a la invasión de Irak era infundada, porque no había vínculos entre Saddam Hussein y Al Qaeda.