Los líderes de la junta militar de Mianmar incrementaron el domingo las presiones sobre los monjes budistas que dirigieron las protestas prodemocráticas, afirmando que habían confiscado armas de los monasterios.
El gobierno anunció asimismo decenas de arrestos nuevos, desafiando la indignación internacional y la posibilidad de que le impongan nuevas sanciones.
Las medidas de seguridad fueron reducidas en Yangon, la ciudad más grande del país, más de una semana después de que soldados y policías reprimieron a los manifestantes que pacíficamente reclamaban un fin a los 45 años de dictadura militar.
Algunos bloqueos de calles y carreteras fueron levantados y se reanudaron las visitas a las pagodas de Shwedagon y Sule, los lugares donde comenzaron y terminaron las protestas a mediados de agosto por un fuerte incremento de precios de los combustibles. Las pagodas seguían estando fuertemente custodiadas.
El gobierno sostiene que al menos 10 personas murieron en la represión del 26 y 27 de septiembre, pero algunas fuentes independientes consideran que la cantidad de muertos es mucho mayor. Unos 1.000 manifestantes continúan detenidos.
Entre los presos hay por lo menos 135 monjes, de acuerdo con la Nueva Luz de Mianmar, un diario oficialista. Indicó que en una serie de allanamientos recientes a los monasterios fueron confiscadas pistolas, cuchillos y municiones, aunque no estaba claro a quién pertenecían.
''Los monjes deben respetar las leyes de Dios y del gobierno'', dijo el diario en una nota. ''Si violan esas leyes, se tomarán medidas en su contra''.
Además, otras 78 personas eran interrogadas bajo sospechas de que participaron en las protestas, señaló el diario.
Decenas de miles de personas salieron a las calles el mes pasado, la mayor protesta en casi dos décadas de régimen militar. La violenta represión de la junta desencadenó una condena internacional, incluso de los vecinos del sudeste asiático.
Malasia instó el domingo al régimen militar a dialogar de manera incondicional con la líder opositora Aung San Suu Kyi, que permanece bajo arresto domiciliario, antes de que se incrementen las presiones internacionales para que haya cambios políticos.
Las declaraciones del canciller Syed Hamid Albar siguieron a una advertencia de Estados Unidos de que presionará para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas imponga sanciones a Mianmar si no avanza hacia a la democracia.
China y Rusia, sin embargo, se han opuesto a cualquier sanción y el ministro de Relaciones Exteriores de Mianmar dijo la semana pasada ante la Asamblea General de la ONU que la democracia ''no puede ser impuesta desde afuera''.
Los militares gobiernan Mianmar desde 1962. La junta actual llegó al poder después de reprimir un levantamiento popular prodemocrático en 1988, en el que murieron 3.000 personas.
El partido de Suu Kyi ganó los comicios en 1990, pero los militares se negaron a aceptar los resultados.
Junta militar de Mianmar confisca armas de monasterios budistas
De este modo,el gobierno militar de la ex Birmania continúa desafiando la indignación internacional y la posibilidad de que se le impongan más sanciones. El conflicto se desató luego de que un grupo de manifestantes iniciara un reclamo pacífico para ponerle fin al gobierno militar, que lleva 45 años en la región.
