El principal motivo de por qué Argentina no logra despegar y convertirse en un país normal ha sido la gran herencia de años de gastar de más -muy difícil de explicar y de entender la dimensión de este problema-, que ha llevado a que el actual gobierno, en lugar de ejecutar todo su plan de gobierno, aún se dedique a tapar los agujeros históricos que ha dejado los años de mala administración económica del país. Si bien el primer paso fue el reducir los subsidios a la energía -con el enorme costo de aumentar las tarifas- con esto no alcanzó y en estas horas busca la manera de gastar lo que corresponder para achicar el déficit y así mejorar la economía.
Un informe de Idesa advierte sobre cómo recortar el gasto en dos áreas sensibles: salud y educación. Sostiene que un paso fundamental es revisar críticamente los programas nacionales que se superponen con servicios a cargo de las provincias y municipios.
Ante la persistencia de las turbulencias financieras aumenta la urgencia por equilibrar las finanzas públicas. Uno de los componentes que se prevé abordar son las transferencias discrecionales a provincias. Se trata de programas nacionales a través de los cuales se envían fondos o se financian adquisiciones con el objetivo de colaborar en la gestión de servicios a cargo de los gobiernos locales. Los más importantes, pero no los únicos, son los relacionados con servicios educativos y de salud pública.
Este tipo de intervenciones colisiona con el régimen federal que establece que son las provincias las responsables de administrar estos servicios. Sin embargo, se han justificado como herramientas tendientes a promover el desarrollo social y corregir brechas entre regiones. Subyace el supuesto de que los funcionarios nacionales son más idóneos que sus pares locales para administrar los fondos públicos.
¿Cuáles es el volumen de recursos que administran los ministerios nacionales para ejecutar funciones propias de los gobiernos provinciales? Si bien es muy difícil dar una respuesta exacta, con información del Presupuesto 2018 se puede estimar que:
El Ministerio de Educación nacional asigna unos $43 mil millones para reparación, insumos y capacitación de escuelas provinciales.
El Ministerio de Salud nacional asigna unos $34 mil millones para insumos, fortalecimiento y capacitación de centros de salud provinciales.
El Ministerio de Desarrollo Social nacional asigna unos $3 mil millones más en construcción y equipamiento de centros de desarrollo infantil.
Estos datos muestran que la Nación estaría gastando no menos de $80 mil millones en insumos para escuelas y centros de salud provinciales. Dado que equivale a un quinto del déficit fiscal primario, se trata de un volumen cuya revisión podría hacer una contribución importante a la reducción del déficit fiscal.
¿Y la calidad de la educación?
Según Idesa, estudios internacionales relativizan el impacto de este tipo de gasto sobre la calidad de la educación y la salud. Por ejemplo, una publicación en la revista Science ""Los desafíos de la educación y el aprendizaje en los países emergentes" releva mediciones de impactos de más de 30 estudios en América Latina, Asia y África y concluye que no se encuentran impactos positivos en educación en los gastos de insumos (libros, material de clase, computadoras, reparaciones, etc.). Por el contrario, encuentran que los incentivos y el monitoreo de los docentes son decisivos para el aprendizaje de los alumnos. En un estudio similar, "La calidad de la atención primaria en los países de bajos ingresos: hechos y economía", se demuestra que la calidad de la acciones en salud es mucho más sensible a los incentivos y al monitoreo de los médicos que a la provisión de insumos.
Estas evidencias internacionales ayudan a entender la baja calidad de los servicios de educación y salud en la Argentina. Aunque los programas nacionales en educación y salud estén cargados de buenas intenciones, en la práctica, potencian el derroche de recursos. Por un lado, porque no hay posibilidad de administrar centralizadamente con eficiencia la compra de libros, computadoras, medicamentos, equipamiento médico o la construcción y reparación de escuelas u hospitales en todo el territorio nacional. Pero lo más negativo es que inducen a las provincias a desatender lo más importante, que es, el monitoreo y los estímulos a docentes y médicos del sistema público.