Esta mañana, el gobernador Alfredo Cornejo confirmó que ha firmado un convenio con el Gobierno nacional para construir 1.130 casas en Mendoza con un nuevo sistema de inversión público-privado. Para ello, el Ejecutivo provincial realizará una inversión de $400 millones a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), mientras que constructores privados aportarán otros $800 millones. "Es el nuevo esquema y lo vamos a inaugurar en Mendoza", dijo el mandatario provincial y señaló que, de esta manera, tanto el Estado como los privados asumirán los riesgos de este tipo de operaciones.
Las palabras de Cornejo tuvieron lugar luego de que se entregaran 31 departamentos en Ciudad, los cuales fueron construidos íntegramente por el IPV. "A ustedes no les tocó este nuevo esquema, pero va a beneficiar a muchos mendocinos", destacó el jefe del Ejecutivo. En concreto, las 1.130 viviendas anunciadas por Cornejo estarán radicadas en los departamentos de Guaymallén, Luján, Las Heras y Maipú, aunque aclaró que hay otros 80 proyectos privados en carpeta que incluirían a otros municipios.
Según explicó el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, el Estado financiará el 30% de la inversión, mientras que el resto será aportado por privados a través de distintas fuentes de financiamiento. Entre ellos, bancos. El objetivo es que tanto el Estado como los privados compartan riesgos y ganancias.
Ayer, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, había adelantado a MDZ algunos puntos de este nuevo sistema.
El encargado de dar mayores precisiones fue el titular del IPV, Damián Salamone, quien explicó que este nuevo esquema cuenta con dos versiones diferentes.
La primera se denomina "Conjunto Urbano Integral" y consiste en el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario con un 30% de aporte estatal. Como contrapartida, la parte privada no sólo debe invertir el resto del dinero, sino que también está obligado a destinar el 30% de las soluciones habitacionales para familias que ganen menos de dos salarios mínimos. El resto de las casas o departamentos estará destinado a familias que cuenten con ingresos de entre dos y cuatro salarios mínimos, las cuales deberán calificar a un crédito hipotecario.
El otro mecanismo se llama "Trabajo Igual Vivienda", en el cual el Estado aporta el 30% de la cuota, mientras que el 70% lo pagan las familias beneficiarias a través de créditos a 30 años. Según Salamone, los créditos tendrán una tasa UVA y si hay desfajase entre salario e inflación, se podrá prorratear a 5 años más.
De todas maneras, desde el Gobierno aclararon que este sistema convivirá en con el anterior, mediante el cual se están ejecutando 3.600 viviendas en Mendoza, a las que se sumarán 1.500 más. "Vamos a continuar haciendo viviendas sociales de forma paralela", señaló Cornejo.