La proliferación de grandes centros comerciales en el Gran Mendoza ha abierto intensos debates los últimos años sobre la relación costo-beneficio para la comunidad en la que se instalan, ya que su apertura impacta de lleno en el entorno mercantil local.
Para intentar ordenar la situación, el senador provincial Gustavo Arenas (FPV) presentó un proyecto de ley para profundizar los estudios de impacto y categorización de los nuevos emprendimientos e, incluso, prevé la posibilidad de ordenar la reubicación de estructuras existentes.
"En concreto, el proyecto dice que los centros comerciales que se vayan a instalar en Mendoza, si esta ley entra en vigencia, tendrán 3 categorías que son en relación a la superficie del centro comercial con la cantidad de habitantes de la localidad donde se emplacen. Eso determinará el espacio de venta que puedan tener, si exceden esos límites, deberán readecuar el proyecto o el traslado a otras zonas, para no afectar los centros urbanos", detalló el legislador en el programa "Hagamos lío", por MDZ Radio.
Además, Arenas detalló: "En el caso de los que ya están instalados, nosotros propusimos que una vez que entre en vigencia la ley tienen 2 años para realizar un estudio sobre el impacto que el centro comercial ha generado. Nosotros tenemos estudios que adelantan que es más lo que destruyen que lo que aportan a la comunidad. Si no reúnen las condiciones deben readaptarse y si no, el traslado".
El senador consideró que el proyecto "debió haberse presentado hace mucho tiempo, desde el momento en que se instaló el primer hipermercado en Mendoza, pero también creemos que nunca es tarde para regular esa actividad, más en esta situación que se vive".
"Estamos hablando de los que comercializan indumentaria, productos alimenticios, electrodoméstico, materiales de construcción, etc., que se instalan en Argentina simplemente con un estudio de impacto ambiental", lamentó.
"Por eso nosotros pedimos que se realice un estudio integral. Buscamos una fuerte regulación, que una vez que se apruebe esta ley se realice un estudio sobre el impacto en la población, el impacto económico, la estructura socio económica y la situación laboral del comercio que se está instalando", explicó Arenas.
"De esta manera, protegemos a los comercios pero también a los consumidores, porque estos grandes centros comerciales fijan el precio abusivo a los consumidores y también le bajan el precio a los productores", señaló y recordó que provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe ya han regulado en esta materia.
"No buscamos prohibir, sino una fuerte regulación para proteger al pequeño y mediano comerciante, al consumidor y al productor. Esto es una medida de fondo", aclaró.