El directivo del grupo español ACS atendió su celular a las 6.30 de ese lunes. Se estaba afeitando y estaba aún medio dormido, pero no podía dar crédito a lo que le decían. El presidente de su compañía, Florentino Pérez, estaba siendo detenido por la policía por una acusación de corrupción. ACS es una de las principales empresas constructoras de España, con negocios diversificados y en varios países, y contratos públicos y privados multimillonarios. Así lo indica un análisis publicado por gacetamercantil.com.
La situación, ficticia, podría repetirse en el caso de la estadounidense Fluor, cuyo presidente, David Thomas Seaton, fue duramente cuestionado por los contratos de reconstrucción de Nueva Orleáns tras el huracán Katrina, o de Irak después de la invasión estadounidense.
La obra pública realizada por privados está, desde siempre, en el ojo de la tormenta. En Argentina también hay decenas de casos emblemáticos.
Pero sucede que la ficción se hizo realidad. Y ocurrió en Brasil, el pasado 19 de julio. La legislación de España y EEUU para luchar contra la corrupción se asemeja a la brasileña, pero lo que establece una sustancial diferencia es la manera en que el juez Sérgio Moro, de Curitiba, utilizó la figura de la "delación premiada", un instituto legal que comenzó a usarse en los cincuenta en Estados Unidos en la lucha contra la mafia italiana.
Moro aplicó la figura a los CEO y accionistas de las dos principales constructoras brasileñas, Odebrecht y Andrade Gutiérrez, Marcelo Odebrecht y Otavio Marquez de Azevedo, respectivamente, quienes –dijo– podrían continuar delinquiendo si no ordenaba su detención, lo que ocurrió ese fatídico viernes en las oficinas de ambos con un despliegue cinematográfico de las fuerzas de seguridad.
La embestida del juez moro apuntó al poder del poder político brasileño, acosado por denuncias de corrupción.
En el fondo –y no tan en el fondo–, la embestida de Moro apuntó al corazón del poder político brasileño, acosado por denuncias de corrupción y megacausas que involucran a gobernadores, legisladores y dirigentes de la coalición entre el PT y el PMDB. Y, en última instancia, a Luis Inácio Lula da Silva y a Dilma Rousseff.
Los casos Petrobras y “Lava Jato” destaparon una olla que despide un olor nauseabundo y cuyo fondo aún no se divisa: miles de millones de dólares en sobornos se pagaron para financiar la política y a dirigentes connotados, muchos de los cuales o están presos o van camino de estarlo.
Los casos Petrobras y "Lava Jato" destaparon una olla que despide un olor nauseabundo y cuyo fondo aún no se divisa.
En este contexto, el magistrado tomó la discutible decisión de usar el testimonio de dos detenidos anteriormente, los empresarios Dalton Dos Santos Avanzini y Eduardo Hermelino Leite, número uno y dos de la constructora Camargo Correa, para ordenar la detención de Odebrecht y Marquez. Discutible porque se trata del principal competidor de estos quien los acusó, diciendo que planearon y condujeron el sistema de corrupción que él debió aceptar que integraba también con el fin de que se le condone parte de la pena que le correspondería.
Para peor, el juez Moro no parece absolutamente ajeno a la ofensiva política y mediática que acosa a Dilma. La esposa del magistrado, la abogada Rosângela Wolf de Quadros Moro, es asesora de Flavio Arns, vicegobernador del estado de Paraná y dirigente del PSDB, el principal partido de la oposición. Y el hermano del juez, César, no esconde su condición de "tucano", como les llaman a los adherentes a ese partido. Algo más, este lunes (29) el Procurador de Curitiba, Deltan Dallagnol, desestimó el “habeas corpus” presentado por Odebrecht. En Brasil no causó sorpresa esta medida: el funcionario es padrino de uno de los hijos de Moro.
En Argentina sería como si el juez Claudio Bonadio ordenara la detención de Paolo Rocca y Angelo Calcaterra, y como si la esposa de Bonadio fuera asesora legal de Mauricio Macri.
En Brasil, la delación puede llevar a que se reduzca en dos tercios la pena del delator, si se comprueba la culpabilidad del acusado. Y en algunos casos –aún no hubo ninguno– hasta puede conmutarse la totalidad de la pena prevista.
Previsiblemente, José Eduardo Cardozo, el ministro de Justicia de la Administración Rousseff, cruzó al juez Moro por su decisión de detener a Odebrecht y a Marquez con el argumento de que el Gobierno no prohibió la participación de sus empresas en futuras licitaciones, lo que podría provocar que se repitan las supuestas prácticas ilegales. Para Cardozo, “sería claramente ilegal e inconstitucional cualquier acto administrativo que, sin un proceso que garantice una amplia defensa, apartara a empresas de próximas licitaciones”. El Estado podría tener que enfrentar una catarata de juicios.
Dora Cavalcanti, la abogada de Odebrecht, también atacó la arbitrariedad del juez para detener y mantener en esa condición al empresario cuando no cuenta con pruebas, solo en base al testimonio de un competidor, lo que afectaría su legítimo derecho a la defensa.
Aunque un esquema de corrupción como el revelado en Brasil justifica plenamente la hiperactividad de la justicia, el operativo "Lava Jato" ya provocó miles de cesantías y el juez, casi extralimitándose, advirtió en la causa que existe el riesgo de que el programa de licitaciones de obra pública con el que Rousseff busca reactivar la economía repita los vicios de los anteriores, que llevaron a las detenciones que ordenó.
Con sus decisiones, el magistrado se está convirtiendo, ya, en una amenaza mayor que el daño que, según señala en sus escritos, busca reparar. La justicia debe ser justa, de lo contrario puede caerse en una “tiranía judicial” en la que la interpretación de las leyes por parte de los magistrados es libérrima hasta el punto de ser utilizada como medio para cogobernar con los otros poderes del Estado.
¿Camino a la impunidad? De hecho, son varias las voces de juristas destacados que advierten sobre la temeridad que entrañan las decisiones del juez Moro.
"No son suficientes las buenas intenciones para hacer justicia; es necesario conseguir pruebas consistentes. La Justicia da trabajo, exige paciencia, perseverancia. Definitivamente, no forma parte del ‘show business’".
La frase le pertenece al abogado Reginaldo de Castro, ex presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), para quien, “en la ansiedad de satisfacer a la opinión pública, algunos fiscales llegan al extremo de hacer proselitismo político, criticando a la propia legislación, como si fuese un obstáculo para la Justicia”.
De Castro alude en su columna, publicada por el diario O Globo, al caso “Lava-Jato”, donde concluye que, "aunque la legislación necesite perfeccionarse — y sabemos que lo necesita —, no corresponde al Ministerio Público plantearlo a través de los medios de comunicación” porque "la democracia se sustenta en instituciones, cada una en su rol. Y el que hace y deshace leyes es el Congreso Nacional". De En suma, De Castro advierte en su escrito sobre los peligros de las "milicias del Derecho", que para conseguir una condena llegar hasta el límite de vulnerar la ley.
Oliveiros S. Ferreira, que es profesor de la Universidad de São Paulo, va más allá al advertir que "una rumorosa secuencia de delaciones premiadas integra los autos de la Operación Lava Jato y la ‘clase política’ está siendo desmoralizada". Para este letrado, "declaraciones que podrán ser calumnias traen consigo el peligro de un efecto no considerado por los que se satisfacen con ellas, la muerte del Derecho".
La frutilla del postre la agregó un miembro del Superior Tribunal Federal de Brasil, Filmar Mendes, que a un medio especializado le dijo que las "jugadas mediáticas de marketing no condicen con la sobriedad de la actividad judicial". Para el magistrado de la máxima instancia judicial del país, "hay en los agentes del proceso en la primera instancia visos de quien se imagina estar haciendo una revolución o refundando la República". El sayo le cabe a Moro y a su compadre, el procurador Dallagnol. Para Mendes, "no es cierto que la corrupción está asociada necesariamente al modelo de financiamiento electoral". Y concluyó: "Me parece que esa discusión está marcada por cierto infantilismo, por imaginar que eso va a ser un pase de magia y que la gente que disputa el poder va a pasar a observar reglas que hasta ahora no observaba".