A diferencia de lo que se observa en países vecinos, en la Argentina desde 2004 hasta 2014 cayó la cantidad de trabajadores en dos millones, según indica un informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentina (IDESA), en base a datos oficiales publicados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según el informe, la tasa de participación laboral en Argentina pasó entre los años 2004 y 2014 de 60,2 por ciento a 58,2 por ciento. Mientras que en Chile ascendió de 55 a 59,7 por ciento y en Uruguay, de 58,5 a 64,7 por ciento.
A la hora de explicar la causal de esto, para los autores del informe uno de los principales motores que promueven la inactividad laboral es la forma en que se asigna el gasto asistencial.
Por ejemplo, entre los años 2004 y 2014 las pensiones no contributivas pasaron de 340 mil a 1,5 millones. Teniendo en cuenta que los adultos mayores sin aportes accedieron a la jubilación a través de las moratorias previsionales, la gran mayoría de las pensiones no contributivas fueron destinadas a personas en edad de trabajar que fueron inducidas a la inactividad laboral para acceder al asistencialismo.
Análogo impacto se deriva de la AUH que, tal como opera, induce a que las madres no ingresen al mercado de trabajo y del Progresar que requiere del joven la inscripción en alguna acción educativa o de capacitación pero no de la participación laboral.
Por otra parte, los impuestos al trabajo son muy altos al igual que las barreras burocráticas y los riesgos de conflictividad y litigiosidad. Bajo estas condiciones, sólo las empresas más grandes y tecnológicamente avanzadas pueden generar empleos “en blanco” y sólo los trabajadores más calificados pueden acceder a ellos.
Para las personas con bajos niveles de educación y formación, el acceso a empleos de calidad está vedado pasando a ser dependientes cautivos del asistencialismo.