El paquete de leyes para los consumidores, que incluye la polémica reforma a la Ley de Abastecimiento, vería la luz en dos semanas, de acuerdo a los planes del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados.
Es que la ley de abastecimiento y la resolución de AFIP sobre la geolocalización de la soja y la compra de silobolsas pone en alerta al campo en tanto no se descarta la realización de un cese de comercialización como medida de protesta. Además, desde la COPAL, avisaron que si la ley sale, irán a la Justicia.
“La primera víctima”
Estos dos temas mantuvieron en vilo a las entidades agropecuarias los últimos días, dado que ven la posibilidad de que la primera "víctima" la conjunción de la Ley de Abastecimiento con potestad de confiscación y la obligación de dar las coordenadas de donde se encuentran los silo bolsas con los granos, sea el agro.
Pedro Apaolaza, vice presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), consideró en diálogo con NA que el tratamiento de la Ley de Abastecimiento en diputados el miércoles 17 y jueves 18 próximos encuentre al campo de pie en un "cese de comercialización".
"Yo lo primero que propongo es un cese de comercialización, mientras se trata la Ley en Diputados, ahí tenemos que estar en paro, desde ese momento", dijo.
Para Apaolaza y otros sectores agropecuarios el campo está en peligro: "Seguro que vamos a ser las primeras víctimas, en la medida en que nos quedemos quietos nos van a pasar por encima", advirtió el dirigente de CRA.
"La Ley es un avance que facilita la intervención a las empresas, puede obligar a producir lo que le parece, el Estado puede intervenir en cualquier operación, es una violación permanente de los derechos", manifestó Apaolaza.
Alfredo Rodes, director Ejecutivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) opina que la Ley de Abastecimiento trae "inseguridad jurídica".
"Así ocurre con toda ley que perjudique o interfiera en la cadena comercial, sea a nivel productor, exportador o comercializador", señaló a NA al destacar que "si compro y me van a incautar la mercadería, son leyes que no dan resultado".
Consideró que "las correcciones que le han hecho (a la Ley de Abastecimiento) son inconstitucionales, la libertad de comercio, aplicarse en determinadas circunstancias se ven conculcadas, si se aplica esta ley".
Además detalló que podría suceder que por una escasez de divisas, el Gobierno obligue a liquidar con la excusa de que se "están acaparando granos".
"Puede ocurrir que le obliguen a un exportador o acopiador a vender mercadería que aún no es suya o aunque la fuera", explicó Rodes mientras que en otros ámbitos ruralistas hay temor por la aplicación de sanciones que podrían llegar hasta la cárcel.
Para la AFIP existen unas 27 millones de toneladas de soja que valdrían unos 10 mil millones de dólares sin vender en parte porque el precio de la oleaginosa baja en Argentina arrastrada por el derrumbe de los precios en Chicago.
La Sociedad Rural, por su parte, amenazó con recurrir a la Justicia en un contexto donde no habrá mucho tiempo si se aplica la ley y el Estado va tras los granos.
La Sociedad Rural solicitó a senadores y diputados: "poner un freno a un modelo que va camino a replicar todas las medidas que agudizaron la inflación, la escasez y la recesión en Venezuela".
“Iremos a la Justicia”
Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de Empresas de Industrias Alimenticias (COPAL), advirtió, en diálogo con MDZ, que si la ley de abastecimiento se aprueba recurrián a la Justicia.
“Solo una de las leyes enviadas al Congreso tiene que ver con la defensa al consumidor, y no tenemos objeciones sobre ella”, dijo Funes de Rioja y aseguró: “Seguiremos insistiendo, pero si la ley igual se aprueba, iremos a la Justicia para pedir la nulidad de esta ley”.
La ley de abastecimiento es estatizar el mercado. Es volver a una filosofía de los años 70 cuando la Constitución ya no lo permite.
El titular de de la Copal critió al gobierno y condenó el término de “formadores de precios”. “Los formadores de precios aparecen en la materia prima. Cuando hay que correr contra la inflación, incrementos de impuestos y de combustibles, presión fiscal y variaciones de salarios, con estos elementos es muy sencillo decir que los formadores de precios es tal o cual eslabón de la cadena”.
“Medidas represivas”
El economista Gabriel Rubinstein, quien anticipó la crisis del 2001, advirtió que el Gobierno aplica cada vez más "medidas económicas represivas".
Entrevistado por NA, el especialista fustigó: "Es obvio que las medidas del Gobierno son cada vez más represivas" y consideró que el país vive "una especie de economía de guerra", a la vez que alertó que hay "una pésima performance".
Rubinstein insistió en que en la Argentina "la situación se va tornando cada vez más complicada" y subrayó: "Las políticas generales del Gobierno que parecían encaminadas quedaron abortadas con la decisión de entrar en default, lo que era completamente evitable".
Además, criticó a la administración de Cristina Kirchner porque "si hay inflación le echa la culpa a los empresarios y si hay recesión, a los fondos buitre".
Rubinstein pronosticó que en el corto plazo "van a seguir las devaluaciones pequeñas y se va a mantener una brecha alta" entre el tipo de cambio formal e informal.