Este martes se habría llegado a un acuerdo para sostener —y contener— a Impsa, luego de que la firma pidiera al gobierno de Mendoza que la declare en proceso preventivo de empresa en crisis y se supiera que busca despedir a unos 215 trabajadores, ante una fuerte caída de su producción y deudas en el exterior.
En ese contexto, se firmó un documento que será elevado al gobierno nacional para conseguir subsidios que ayuden al pago de los salarios durante tres meses. Ello sería para beneficiar a unos 1.000 trabajadores de la empresa provincial.
Como contraparte, Impsa deberá impulsar proyectos energéticos que le permitan "reposicionarse" para volver a tener la productividad perdida.
La agencia Noticias Argentinas informó ayer que la firma dio a conocer al Gobierno mendocino que sus dos plantas ubicadas en esta provincia están operando al 40 por ciento de su capacidad instalada debido al escaso éxito en ganar licitaciones dentro del país y una deuda importante en negocios realizados en el exterior.
IMPSA cuenta con cinco centros de producción, de los cuales dos están en Mendoza, otros dos en la ciudad brasileña de Suape y el último en Lumut, Malasia; en todos ellos advirtió estar en un momento de crisis severa.
El 12 de agosto último, la justicia brasileña dejó sin efecto la resolución del juzgado del Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, que declaraba la quiebra de Wind Power Energía SA (WPE), la empresa subsidiaria de IMPSA en ese país.