El gobierno insiste en negar el eventual default que se refrendó el miércoles pasado. No obstante ello, comenzó a delinear una estrategia política y judicial que buscará ganar tiempo para llegar a fin de año con la mayor reducción de daños posible.
En el plano judicial se seguirá demonizando a los fondos buitre, acusándolos de maniobras ilegales por usar información privilegiada, y se insistirá en el desplazamiento del mediador impuesto porla justicia de Estados Unidos, Daniel Pollack.
Mientras esto sucede, un grupo de bancos internacionales mantiene avanzadas negociaciones con los fondos buitre para comprarles el 25% de los títulos que tienen en default y, de esa manera, lograr que el juez neoyorquino Thomas Griesa restablezca el "stay" y permita a la Argentina pagarle a los bonistas reestructurados.
Según publica hoy diario El Cronista Comercial, sobre la base de "altas fuentes cercanas a la negociación" hasta el viernes a la noche el acuerdo estaba prácticamente cerrado para que el JP Morgan, Citibank, Deutsche Bank y HSBC adquieran un cuarto de la deuda total que tienen los fondos buitre que ganaron el juicio contra la Argentina.
En el mercado descuentan un acuerdo en el mediano o largo plazo, ya que los inversores no se están desprendiendo de los títulos Par y Discount. Luego de la suba de más de 8% de la semana pasada, cuando parecía que un acuerdo entre privados con bancos locales–era inminente, cayeron aunque no perforaron el piso del que habían partido.
Quien refrendó de alguna manera el eventual acuerdo fue el viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, quien esta mañana se refirió a un eventual acuerdo entre privados y se mostró a favor de cualquier solución por parte de terceros que contribuya a una solución.
Sin embargo, remarcó que la propuesta no debe contar con ningún tipo de participación oficial para no arriesgar que se dispare la cláusula RUFO.
Mientras que avanzan estas negociaciones, el equipo económico que conduce Axel Kicillof intentará minimizar los efectos que el default está ocasionando sobre la economía real e insistirá en que no habrá impacto alguno en la vida cotidiana.
El pedido de investigación a los buitres será realizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que le pedirá esta semana a la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos que indague acerca de la existencia de algún tipo de delito económico o financiero por uso de información privilegiada en el litigio con fondos buitre.
El titular del organismo, Alejandro Vanoli, quien coordinó durante todo el fin de semana el documento que presentará ante la agencia del gobierno norteamericano, sospecha que agentes del mercado financiero y bursátil contaban con información de primera mano provenientes de los negociadores que representaron a los fondos buitre en la discusión con la Argentina por la deuda en default. Incluso, el fondo NML es uno de los miembros del consejo que decide si se dispara el cobro de los seguros anti default, como comenzó a ocurrir la semana pasada. También, curiosamente, el JP Morgan integra ese órgano.