El juez norteamericano Thomas Griesa busca reunir mañana a los bancos, los fondos buitres y los funcionarios argentinos del ministerio de Economía con el objetivo de encontrar una acuerdo antes de fin de mes, cuando la Argentina corre serio riesgo de entrar en default.
Es que el 30 de julio vence el plazo de tiempo para que los pagos a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 a 2010 cobren.
¿De dónde viene y a dónde va el conflicto argentino?
En Diciembre de 2001, después de tres años de crisis financiera, precedidos por 48 horas de protestas y represión policial que terminaron con la renuncia de Fernando De la Rúa y su escape en helicóptero de la Casa Rosada, el entonces nuevo presidente, Adolfo Rodríguez Saá indicó, el 23 de diciembre de 2001, que la Argentina entraría en default luego de afrontar vencimientos por US$ 1.080 millones.
Por ese entonces, la deuda pública ascendía a US$ 132.143 millones y los títulos públicos (bonos, letters, eurobonos) representaban el 72,2% del total.
En junio de 2004, el Gobierno anunció la "propuesta de Buenos Aires", con la que se buscaba reestructurar los pagos de esa deuda. Se propusieron quitas del 63% al 45%.
Un año después, en abril de 2005, el país logra el primer canje de deuda, se negocian US$ 81.800 millones a un 76,5% de los tenedores, el resto continúo reclamando.
Fue hasta 2006 que el país cumplió con una de las deudas que más lo aquejaban, pagándole al FMI US$ 9.530 millones, contraídos entre enero y septiembre de 2001, que vencían en 2009.
Un año más tarde, Argentina y España firmaron una cuerdo de reestructuración de deuda por un préstamo que el país europeo le había entregado a la Nación en 2001. Y en septiembre de 2008, la presidenta Cristina Fernández anunció el pago de US$ 6.706 millones de dólares al Club de París con reservas internacionales del Banco Central.
En octubre de 2009 el, en ese momento Ministro de Economía, anunció la reapertura del canje por US$20 mil millones a los tenedores que no habían aceptado las condiciones de 2005. Dos meses después se creó el "Fondo Bicentenario para el Desendeudamiento", a través del decreto de necesidad y urgencia, y se dispuso el uso de US$6.569 millones de dólares del Banco Central para el pago de la deuda en 2010.
En abril de 2010 se lanzó el último canje, con una quita promedio del 66,3% para inversores institucionales, y del 50% para los restantes. Según esto Argentina terminaría pagando US$10.500 millones de dólares impagos. En junio, Cristina Fernández informó que el 66% de los tenedores de bonos defaulteados había aceptado esta nueva propuesta.
Al final de la segunda negociación un 92,4% de los tenedores de bonos habían entrado en un canje, pero quedó un pequeño porcentaje que acudió a la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde el juez Thomas Griesa emitió un dictamen asegurando que Argentina los había discriminado al no querer participar en los canjes de deuda.
Y en noviembre de 2012 Thomas Griesa sentenció a favor de los fondos buitre y le ordenó al Ejecutivo nacional pagar el 100% de la deuda, por un valor estimado en u$s 1.500 millones.
A fin de este mes se vencen los plazos de pagos con bonos restructurados y si Argentina no cumple con estos, podría entrar en cesación de pagos o default. El país envió el dinero pero el juez norteamericano levantó una cláusula que permitía pagarle a los bonos que entraron en los canjes 2005-2010, mientras no se le pagara al resto de los bonistas.
Es por eso que se esperará hasta este 22 de noviembre para que el magistrado determine una propuesta alternativa a fin de poder pagar a los bonos reestructurados y entregarle un bono pagaré intransferible a los buitres hasta el primer día de 2015, cuando venza la cláusula Rufo y los bonistas que acordaron ya no puedan reclamar el 100% de la deuda.
De lo contrario se podrían desencadenar una serie de reclamos de parte de los tenedores impagos de 2002 que llegaría hasta los u$s 15.000 millones de dólares.
Y si reclamaran un pago inmediato de la deuda, como lo hacen los "buitres" y el juez lo avalara, el país debería enfrentar pagos de hasta u$s 200.000 millones de dólares.
Pese a la cercanía de un posible default, el mercado se sigue apostando a los bonos argentinos, por lo que una sensación de acuerdo parece estar instalada entre los operadores.