El Gobierno nacional trabaja paso a paso para lograr la reducción de subsidios en las tarifas del servicio eléctrico. Una resolución llegó a manos de las principales distribuidoras del país a los fines de detectar a los usuarios que podrían abonar más.
Según informó diario La Nación, el secretario de Energía, Daniel Cameron, firmó la resolución número 530 que, si bien aún no aparece publicada en el Boletín Oficial, mediante una copia aterrizó en Edenor, Edesur y Edelap.
A través del escrito, el Gobierno solicita la "identificación de los usuarios a los que correspondería la normalización de la facturación y (la aplicación de un) cronograma para la aplicación de la reducción de los subsidios que otorga el Estado nacional".
Si bien el documento no abunda en precisiones sobre la manera en que el Gobierno avanzará en la quita de subsidios, hace referencia a acuerdos firmados con las provincias.
Fundamentalmente se propone distinguir a los usuarios hogareños con "capacidad de pago" de todas las categorías de consumo.
Asimismo, la orden a las empresas distribuidoras para discriminar a los usuarios en condiciones de pagar más por el servicio eléctrico (aún no se hicieron públicos los criterios que se tomarán en cuenta para determinarlo) es el resultado de acuerdos que cerró el ministro de Planificación, Julio De Vido, con los gobernadores.
En ese sentido, Claudio Poggi, de San Luis, sumó ayer su firma a esa lista. En el entorno de De Vido celebraron que sólo restaba la de Antonio Bonfatti (Santa Fe) para completar la lista de 23 provincias, un objetivo que en enero, cuando comenzaron las negociaciones, parecía lejano.
Al principio, los gobernadores pusieron reparos a la iniciativa, pero luego cedieron ante la promesa de fondos.
El jefe de una de las principales distribuidoras explicó, con pedido de reserva de su nombre, que desde el punto de vista contable le representaba lo mismo obtener una suba de tarifas o recibir fondos del Estado.
El rédito del Gobierno, según la lectura que hacen en el sector eléctrico, pasa por garantizarse un valor estable de la energía que permita contener las subas en las facturas que llegarán por la quita de subsidios.
De lo contrario, en especial en las provincias, que hasta ahora tenían la posibilidad de fijar por su cuenta los precios, podrían sumarse los aumentos por ambos motivos y ocasionar un incremento mayor para el usuario, según informó La Nación.
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