Argentina presentó un crecimiento de delitos económicos del 11% respecto de 2011, mientras que el número de delitos informáticos continúa en ascenso, según un informe privado.
Los datos, que surgen de una encuesta realizada por la empresa PwC, exponen que el país está entre los 10 países que reportaron proporcionalmente mayor cantidad de casos en los últimos dos años.
En el relevamiento, el 51% de los ejecutivos informó que su organización experimentó algún delito económico durante los últimos dos años.
A su vez, las empresas con más de 500 empleados reportaron un 85% más de cantidad de fraudes, que las de menos empleados, que sólo registraron una suba de 15%.
Argentina presenta sólo un 28% de organizaciones que aseguraron no haber sido víctimas de un delito económico en los últimos dos años.
Un 45% de las organizaciones que reportaron ser víctimas de un fraude realizaron evaluaciones de riesgo, mientras que un 27% sostiene que no sufrió delitos económicos o desconocen haberlo sufrido.
Dentro de Latinoamérica, Argentina es el país que reportó más casos de delitos económicos, seguido por Venezuela, México, Chile, Brasil y Perú.
África continúa en la cima del ranking mundial, en el segundo lugar se ubica Norteamérica y en el tercero se encuentra Europa del Este.
Al igual que en los últimos años, el tipo de delito económico más registrado fue la malversación de activos, seguido del delito informático, que precede al fraude en las compras y contrataciones.
El estudio indica que la industria de servicios financieros y la de consumo masivo son las que más fraudes reportaron con 49%, seguidas por la de comunicación con un 37%.
El 69% de las organizaciones, que sufrió un delito en los últimos dos años, informó que fue perpetrado internamente, mientras que el 19% aseguró que fue externo, cifras similares a las de los años anteriores.
Las industrias que reportaron más delitos perpetrados por un actor externo fueron las de servicios financieros, telecomunicaciones, tecnología y servicios profesionales.
Por otro lado, el 40% de las organizaciones argentinas, que sufrieron un fraude, tuvieron un impacto financiero que oscilaron en 50 mil y el millón de dólares.
No obstante, la pérdida económica no es la única preocupación que enfrentan las empresas en la lucha contra el fraude, puesto que los ejecutivos argentinos señalaron también que fueron afectados la moral de los empleados, la reputación de la organización y de la marca, y las relaciones de negocios.