Ayer, al final de la segunda jornada del Coloquio de IDEA, desde las pantallas se interpeló a todos para que contesten sobre un eventual caso de coima. "Si un acto de corrupción está destinado a obtener una aprobación (por ejemplo, una habilitación municipal) maliciosamente retenida, ¿es censurable la actitud del empresario?", se leyó.
Allí, tras el voto secreto de los presentes, se supo que el 53 por ciento decía que "siempre" era condenable esa práctica, pero un inquietante 47 por ciento se dividía en "sólo en casos extremos" (28 por ciento) y "nunca" es condenable (19 por ciento). Así, el porcentaje de potenciales pagadores de sobornos era demasiado alto para un foro que pretende desde sus ponencias construir un país mejor.
En la crónica de Clarín, una alta ejecutiva señaló: "Es llamativo que casi el 50 por ciento no lo repruebe; tendrían que ser muchos menos". En paralelo, otro empresario consultado dijo: "Se trata de una extorsión de un funcionario, ¿cómo vamos a condenar al empresario? Sería como condenar que pagás el rescate de un secuestro".
Las preguntas fueron confeccionadas por el encuestador Eduardo D'Alessio. En la misma línea, preguntó: "Si se comete un acto de corrupción para una prebenda, ¿sobre quién debería caer la responsabilidad: el funcionario, el empresario o ambos?". El 78 por ciento del auditorio contestó "ambos"; el 17 por ciento, "el funcionario", y el 4 por ciento, "la empresa".