Las prórrogas de la ley de emergencia económica, que fue sancionada en 2002, durante la crisis económica, ha sido renovada periódicamente pese al fin del período de emergencia y una década de crecimiento sostenido, según las cifras oficiales.
Muchos legisladores opositores consideran que, según ese discurso, esta ley no es necesaria. También hay cuestionamientos sobre los porcentajes de coparticipación que fija el impuesto al cheque: hoy el 85 por ciento se lo lleva Nación y apenas un 15 por ciento va para las provincias.
Lo cierto es que en caso de no ser prorrogada, obligaría a negociar con el Congreso medidas que hoy se toman por decreto.
Hay que recordar que el panorama se dificulta en cuanto al quórum, el cual se perfila complicado en la Cámara de Diputados, en el marco del nuevo mapa electoral post PASO.
Además de tener predominancia en el Congreso, el kirchnerismo siempre contó con aliados circunstanciales que muchas veces lo sacó de más de un apriete legislativo. Sin embargo, ahora, no son estos díscolos los que preocupan, sino “la propia tropa”.
Es que en los últimos tiempos hubo un escurrimiento de legisladores K que por estas horas preocupa al gobierno.
Se trata de la ley 25.561, la cual fue aprobada por primera vez en enero de 2002, impulsada por el ex presidente Eduardo Duhalde. El Frente Para la Victoria (FPV), luego, la prorrogó en sucesivas oportunidades, pese a los aplaudidos avances en económicos logrados en la última década.
Esta ley vence el 31 de diciembre y el kirchnerismo se prepara para prorrogarla por dos años más.
Al mismo tiempo que se tratará el proyecto de ley de presupuesto 2014, el Gobierno intentará llevar adelante el proyecto de prórroga de la emergencia económica y de los impuestos que vencen a fin de año, entre ellos el que grava los créditos y débitos bancarios.
El oficialismo intentará aprobar todo el paquete económico antes de fin de septiembre, en apenas dos semanas.
Según recuerda hoy Clarín, el segundo artículo de ley 25.561determinó que el Poder Ejecutivo es el encargado de determinar la relación de cambio entre el peso y el dólar. Esto implicó un quiebre en comparación con los ´90 cuando el “1 a 1” estaba respaldado por una ley. El artículo 6 delegó en PEN la decisión de definir las retenciones que se tendrán que pagar por las exportaciones de hidrocarburos, mientras que el artículo 9 le otorgó a la Presidencia las facultades para fijar las tarifas y encabezar las renegociaciones de los contratos de los servicios públicos.
El número 13 estableció que el Ejecutivo tiene la potestad para regular “transitoriamente los precios de insumos, bienes y servicios críticos”. Con el objetivo de minimizar los aumentos de precios, el artículo 7 de esta normativa suspendió las cláusulas indexatorias en los contratos.