Puntualmente, se trata del gremio petrolero privado, cuyo secretario general -del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa- Guillermo Pereyra, calificó hoy de "inconstitucional" el acuerdo entre Chevron e YPF, a la vez que recordó la obligación de que sea ratificado por la Legislatura de Neuquén.
Pereyra, enrolado en la CGT que lidera el camionero Hugo Moyano, pidió conocer las "cláusulas secretas" del acuerdo y recordó que los recursos hidrocarburíferos pertenecen a las provincias, que tienen la última decisión sobre la explotación petrolera, según la modificación de la Constitución en 1994, según publicó Agencia Noticias Argentinas.
"Nadie puede oponerse a que haya trabajo para la gente, que haya inversiones en la provincia, pero queremos saber cuáles son los costos y si se están vulnerando los intereses provinciales", añadió el sindicalista.
A su vez, Pereyra criticó que el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, "avale un decreto presidencial que se arroga la facultad de prorrogar las concesiones cuando es un derecho que únicamente lo tienen la provincia, según la constitución actual".
"Hemos visto al gobernador como ausente mirando como se firmaba el acuerdo, como un espectador más, y lo que queremos es quedefienda los intereses de la provincia", señaló el gramialista.
En declaraciones a NA, Pereyra consideró que "todos en Neuquén queremos fuentes de trabajo, estamos de acuerdo con inversiones en los pozos, pero hay que tener en cuenta que se le está dando a una empresa como Chevron, una de las más grande del mundo muchas facilidades como sacarle retenciones y enviar ganancias al exterior, cuando en nuestro país se castiga a los trabajadores con el impuesto a las Ganancias".
Pereyra también cuestionó la existencia de "cláusulas confidenciales" en el acuerdo y opinó que "los recursos son de la provincia y no estamos dispuestos a regalarlos".
A su vez reclamó que "así cómo le anularon obligaciones a Chevron, que le otorgan beneficios impositivos y libre giro de remesas, el Gobierno también tendría que anular el impuesto a las ganancias que pesa sobre los salarios de los trabajadores".