La "MorenoCard", la "SuperCard" o la nueva tarjeta que hace temblar a las otras porque tomará todo el negocio de los supermercados y manejará más de $1.000 millones de pesos. Este proyecto del Gobierno busca entre otras cosas, presionar a los bancos para que bajen sus comisiones del 3% al 1%.
De esta manera las autoridades quieren que el sector financiero haga su "aporte", vía reducción de sus márgenes de ganancia, como forma de apoyar el plan oficial de combate a la inflación. "El control se inició con los representantes de las grandes cadenas, luego se extendió a los proveedores y ahora le toca el turno al sector financiero, empezando por las comisiones que se pagan por las tarjetas", observó el directivo de la entidad bancaria, en diálogo con iProfesional.com.
La confusión se acrecentó con la versión de que una alternativa en carpeta de los funcionarios es la de aprovechar las propias tarjetas de las cadenas de supermercados, de manera de crear una nueva marca que desplace a los plásticos bancarios.
Nadie explicó por qué motivo estos plásticos, que hoy ya están operando, pasarían a cobrar comisiones inferiores a las actuales hasta ubicarse en el 1% pretendido por el Gobierno, y lejos del 3% que cobran las entidades.
Un mercado desconfiado
Cualquiera sea finalmente la modalidad elegida para la compra con tarjeta en los supermercados, hay algo que es seguro: el actual negocio de los bancos se verá afectado. Ya sea porque disminuirá su participación de mercado o porque tendrán que cobrar una comisión inferior.
El titular de la Cámara Argentina de Supermercados, Fernando Aguirre, uno de los empresarios que mostró una opinión favorable a la iniciativa gubernamental, admitió que "con esto se busca que bajen sus comisiones".
En tanto, el analista Adrián Kittner, de eConsultora, indicó que "los bancos serán los principales perjudicados de este esquema".
Como la intención es que la tarjeta pueda ser utilizada únicamente en los supermercados, algunos de ellos muestran su oposición por el simple hecho de que ya cuentan con tarjetas propias, como Coto y Jumbo, por lo que dejarían de ser válidas en caso de que prospere la idea.
"Si lo que busca el Gobierno es bajar la comisión al 1%, ¿no sería mejor plantear alguna negociación seria con los bancos y las administradoras, ofreciéndoles algún tipo de compensación, en vez de armar toda esta movida?", argumentó "off the record" el directivo bancario consultado.
"No hay que olvidar que el último año, las entidades pagaron impuestos a las ganancias por unos $20.000 millones, de los cuales buena parte provino de este negocio", afirmó el economista Agustín Cramo.
En tal sentido, hay que tener en cuenta que, según el mismo Moreno, "los bancos ganaron demasiada plata en 2012".
"Hoy por hoy el Gobierno no está en condiciones de resignar parte de lo recaudado, porque es evidente que las cuentas públicas no cierran", agregó Cramo.
Pero las mayores dudas están planteadas no sólo en cuanto a la logística del nuevo plan oficial, sino a si, efectivamente, es posible reducir a un tercio la tasa de interés del financiamiento a la compra en los supermercados.
Al respecto, una de las opiniones más contundentes fue la de Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad, quien calificó la iniciativa como "una locura".
"El Estado tiene que intervenir cuando hay un monopolio que puede dominar el mercado, pero no tiene que actuar cuando hay una situación de competencia", dijo el economista.
"Este es un negocio impresionantemente competitivo y los bancos se sacan los ojos para ofrecer a sus clientes descuentos en esas terminales de ventas", explicó Sturzenegger.
¿Podrá el Banco Nación manejar tantas tarjetas?
La polémica recién empieza. Pero antes de opinar sobre la efectividad de las medidas como arma para bajar la inflación, los directivos de entidades bancarias están demasiado preocupados por entender las dificultades logísticas que se plantean.
"Hay que tener en cuenta que la liquidación de los resúmenes está prácticamente monopolizada por dos compañías, cuya capacidad no daría abasto para semejante salto", ilustró el ejecutivo de un banco de capital extranjero.
Cabe recordar que en septiembre del año pasado se anunció que el Banco Nación absorbería unas 350.000 cuentas sueldo, como consecuencia del "Programa de Ordenamiento de las Contrataciones y Compras Públicas del Estado", según el cual los organismos de la administración pública nacional deben privilegiar la contratación de empresas estatales.
De esta forma, administraría cerca de un millón de este tipo de cuentas, lo que le daría un importante caudal de clientes.
Juan Manuel Primbas, de la consultora Kantar Worldpanel, consideró que "es muy difícil imaginar un escenario en el que se pueda comprar a crédito con una sola tarjeta oficial".
"Y también que un banco, como el Nación, pueda hacerse cargo de semejante movida", sostuvo Primbas. En su opinión, esta entidad "hoy no es número uno en este segmento y esto puede llegar a modificar el esquema de liderazgo de los bancos".
Quién es quién en el negocio
El negocio que se genera por el uso de los plásticos en súper, de por sí, resulta muy tentador para el Gobierno.
Una comisión del orden del 3% aporta a los bancos y administradoras una cifra cercana a los $1.000 millones anuales.
Se trata del porcentaje y del monto que cobran a los supermercados por las ventas que realizan con tarjetas de crédito.
Pero a ello debe sumarse que las cifras facturadas muestran una tendencia claramente ascendente. Entre enero de 2012 e igual mes de este año la facturación trepó por encima del 60%.
Es decir, muy por encima de la inflación y del resto de los rubros en los que se puede comprar con plásticos.