Empresas mineras y firmas relacionadas a la actividad en la provincia de Mendoza instaron a la Corte Suprema local a dejar sin efecto una ley que, según sostienen, "prohibe inconstitucionalmente la industria minera metalífera".
Según un informe de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), Mendoza podría incrementar en más de u$s 1.215 millones la producción anual si se rehabilitara la actividad minera metalífera, restringida por la ley 7.722, más conocida como "ley Cobos", y por la cual se prohíbe a la industria minera el uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias tóxicas.
Estas empresas piden que se declare la inconstitucionalidad de la norma.
El petitorio fue firmado por 12 compañías y ya está bajo análisis de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza.
La Camem planteó que la ley que impide el uso de compuestos químicos para la extracción de metales mantiene en suspenso inversiones por u$s 5.000 millones o, casi todo el presupuesto comprometido en el proyecto Potasio Río Colorado que la minera Vale abandonó este año en la provincia.
En los cálculos del sector, reactivar sólo emprendimientos como los de Sierra Pintada (uranio); Don Sixto (cobre y oro) y San Jorge, concentraría en dos años unos u$s 1.500 millones, además de crearse 1.500 puestos de trabajo directos, según consigna ElCronista.
En su presentación, la Camem asegura que la Ley 7.722, del año 2007, "ha discriminado a este sector industrial prohibiendo los métodos de beneficio e industrialización mineral más conocidos y aplicados en todo el mundo".
Según la entidad, desde que se puso en vigencia la ley, la Autoridad Ambiental emitió dos declaraciones de Impacto Ambiental para proyectos mineros metalíferos. Uno, San Jorge (en producción) "fue archivado sin fundamento explícito por la Legislatura Provincial conforme la cuestionada ley 7.722" y el otro, Huemul (en exploración) "sigue a la espera de su ratificación legislativa desde fines de 2009".
La Ley 7.722 fue sancionada luego de que el entonces gobernador de Mendoza vetara parcialmente la ley que suspende el otorgamiento de derechos mineros, de cateo, exploraciones o explotaciones metalíferas a cielo abierto en el territorio de esta provincia.
La Ley Provincial 7.722, fue sancionada por la Legislatura mendocina en junio de 2007 y prohíbe el uso del cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y "otras sustancias tóxicas similares", pero únicamente para la industria minera y establece que las declaraciones de impacto ambiental requeridas para todas las etapas de esta actividad deben ser ratificadas por una ley provincial. Según esta ley, las empresas radicadas en Mendoza pueden usar estas sustancias siempre y cuando su actividad no esté relacionada con la minería.