Sin transparencia gubernamental y sin adecuación del precio al bolsillo del usuario no habrá política impositiva y recaudatoria efectiva, según la observación de José Luis Ramón, referente de la ONG Protectora. El abogado dijo que los precios deberían acordarse en audiencias públicas.
La primera repercusión de la nota titulada ¿Cuánto cuesta vivir en Mendoza? vino de la mano de Protectora una asociación sin fines de lucro que, desde hace tiempo, brega por los derechos de los consumidores.
Uno de los referentes de la entidad, el abogado José Luis Ramón, fue más allá de las críticas que realizó el diputado radical Roberto Infante y el secretario adjunto de la ATE, Roberto Macho. Sostuvo que los incrementos tarifarios terminarán, siempre, perjudicando al usuario de sectores más vulnerables en tanto no se cuente con "transparencia gubernamental" y con "adecuación del precio con el bolsillo".
"Habituados como estamos los argentinos a vivir en un oscuro proceso, al momento de fijar el valor de las tarifas de los servicios públicos que concesiona el Estado para su prestación, pareciera, que cualquiera fuere la cifra que se determine para fijar su valor, sería la correcta", consideró Ramón.
Y en esa línea, aclaró que "no es así" y que la problemática debe analizarse desde la perspectiva del ciudadano.
"Necesitamos exigir -en tanto ciudadanos- dos conductas muy claras al Gobierno. Una es transparencia gubernamental y la otra es adecuación del precio con el bolsillo del usuario", sostuvo el abogado.
De lo contrario, opinó, "el precio que disponga el Gobierno será oscuro, no confiable, y abusivo".
Para lograr transparencia gubernamental, Ramón dijo que se debiera recurrir a "audiencias públicas".
"La transparencia gubernamental, es el primer factor que indica una correcta tarifa adecuada con costos verdaderos y puestos públicamente en conocimiento de los usuarios", destacó el profesional de las leyes.
En tal sentido sostuvo que: "La determinación del valor se debería discutir en una audiencia pública. El esconder su realización es el primer factor que indica la falta de transparencia en la fijación de la tarifa".
"Por otro lado, por tratarse de servicios públicos que llegan a toda la franja de ciudadanos de la sociedad, el mismo le debe llegar con un precio adecuado al bolsillo que pueda pagar el usuario. Los vaivenes de los costos del servicio, no pueden privar de la utilización del servicio a los usuarios", consideró.
Ramón concluyó que, en este marco, las subas recientes son desmesuradas y vinculadas más con un "capricho" estatal que una equilibrada política recaudatoria.
"El proceso de aumento de los servicios en Mendoza para este año 2013, son abusivos, oscuros y afectarán injustamente el bolsillo, sobre todo de la franja más vulnerable de la sociedad. Parece un capricho, que el Estado no quiera transparentar los procedimientos para fijar un valor adecuado de los servicios públicos", argumentó.
"Cualquiera fuere el monto de los salarios, está claro, que una buena parte, será destinado a pagar tarifas fijadas en forma oscura y sin consideración de los usuarios; tan solo se fija en razón de las conveniencias de los costos y rentabilidad de la empresas concesionarias. Una lastima", concluyó Ramón.