Las cuentas del mercado eléctrico se tiñen cada más de rojo a medida que avanza la rebelión de las distribuidoras provinciales que, en algunos casos no pueden y en otros no quieren seguir pagando la totalidad de las facturas de la energía que reciben del sistema interconectado nacional.
La CAMMESA –la compañía administradora del negocio eléctrico que controla el Gobierno– alcanzó un registro récord de incobrabilidad parcial y total de las empresas provinciales que llega al 25% . Sobre una facturación mensual que promedia los $ 800 millones, la CAMMESA arrastra un nivel de morosidad corriente de $205 millones.
A las 14 distribuidoras eléctricas que no están abonando toda la energía que consumen, se agregó en la última semana Edesal, la operadora privada de la provincia de San Luis. Esa empresa consiguió un amparo de la justicia federal para no pagar el último aumento y el cargo adicional en el precio de la energía mayorista que la CAMMESA le venía aplicando desde fines de 2011.
Al igual que las eléctricas estatales de Santa Fe y Córdoba y varias cooperativas bonaerenses, la distribuidora puntana había sido “castigada” por la Nación con el cobro de un precio diferencial sin subsidio de la energía por haber aumentado las tarifas a sus clientes residenciales a principios de este año.
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