Ecuador indemnizará a la empresa brasileña Petrobras con 217 millones de dólares por el fin unilateral de un contrato petrolero que tenía con el Estado, anunció hoy el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor.
Ambas partes llevaban negociando desde noviembre de 2010 una compensación por los activos de la compañía, que no aceptó las nuevas condiciones exigidas por el Gobierno a las petroleras privadas para seguir operando en el país andino.
"Hemos llegado a un acuerdo con el monto y la forma de pago a Petrobras, que se podrá concretar en las próximas semanas, estamos hablando de un monto de 217 millones (de dólares) pagables en dos cuotas", dijo Pástor.
En julio del año pasado, el ministro afirmó que la compañía tenía alrededor de 160 millones de dólares de inversión no amortizada y que reclamaba una rentabilidad sobre esas inversiones, sobre la cual había divergencias entre ambas partes.
Pástor explicó que una vez que se ha llegado al acuerdo económico con Petrobras, lo que resta es verificar las obligaciones tributarias que la compañía puede tener pendientes con el erario público.
El ministro pronosticó que este mes o en junio como tarde alcanzarán un pacto final, tras cuya firma Ecuador pagará la mitad de la indemnización, mientras que el resto lo abonará un año después.
Pástor recalcó que "217 millones es ya un número que tendrá poca posibilidad de variar" y explicó que a cambio la compañía desistirá de cualquier demanda a nivel internacional por el fin del contrato.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, adelantó el pasado sábado que estaba lista la liquidación con Petrobras, pero no informó de la cifra de la indemnización.
La estatal brasileña es la compañía que mayor compensación pedía por el fin de su contrato, dado que su volumen de producción era de 18.000 barriles por día.
Hace un año, Ecuador entregó 97 millones de dólares a la petrolera estadounidense Noble Energy, que opera en el país andino a través de su filial EDC Ecuador, informó la propia compañía.
El Estado también negocia la liquidación con la coreana Canada Grande y la china CNPC, que tampoco aceptaron las condiciones exigidas por Ecuador.
Según el nuevo modelo de contrato, el petróleo es propiedad del Estado, que paga a las empresas privadas una tarifa fija por barril extraído, con lo cual toda subida de precio del crudo redunda en su beneficio.
La chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la italiana Agip, las chinas Andes Petroleum y Petroriental, y la española Repsol sí aceptaron en noviembre de 2010 los nuevos contratos y se quedaron en el país.
Más producción
Ecuador otorgó hoy concesiones a tres consorcios petroleros privados para reactivar tres yacimientos de pequeño tamaño con los que pretende elevar su producción de crudo en 15.000 barriles por día.
Los campos, situados en la Amazonía, cuentan con reservas de 18 millones de barriles, y con los contratos el Estado se embolsará 496 millones de dólares, calculado como valor presente neto, según dijo el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor, tras la firma de los convenios.
Su vigencia es de 20 años y las compañías se han comprometido a invertir inicialmente algo más de 130 millones de dólares.
"Espero que en forma inmediata se pongan a trabajar, pues esperamos una producción cercana a los 15.000 barriles por día que tanto necesita el país", dijo Pástor, quien explicó que ese nivel de bombeo se alcanzará en dos o tres años.
Actualmente Ecuador produce unos 500.000 barriles de crudo al día.
En noviembre siete empresas pasaron adelante en la licitación de cuatro campos "marginales", como se conoce a los que tienen baja producción, y hoy Pástor anunció los ganadores de tres de esos yacimientos, al tiempo que informó de que quedó desierta la concesión de Armadillo.
El consorcio Interpec, integrado por la colombiana Empresa Integral de Servicios Técnicos (70%) y la ecuatoriana Pecs (30%), se quedó con el campo Ocano-Peña Blanca.
El campo Eno-Ron fue para el consorcio Marañón, de las empresas Pecs (40%), la Empresa Integral de Servicios Técnicos (30%) y Construcciones Futura (30%), explicó Pástor, quien no informó de la nacionalidad de las compañías.
Operará el campo Singue el consorcio DGC, integrado por Dygoil (60%) y la estadounidense Gente Oil (40%).
El Estado pagará a las empresas una tarifa promedio de unos 34 dólares por barril de crudo extraído.
Aunque actualmente no existe bombeo en esos campos, sí tuvieron producción previa, apuntó Germán Avila, gerente de Pecs, quien dijo que dependiendo de los resultados de los estudios sísmicos la inversión podría aumentar.
Según los contratos, las empresas realizarán esos estudios en 250 kilómetros cuadrados de terreno y abrirán 15 pozos, explicó Pástor.
El campo más delicado en términos ambientales es Armadillo, por su cercanía al Parque Natural Yasuní, uno de los sitios más biodiversos del planeta.
A juicio de organizaciones indígenas y ecologistas las operaciones en Armadillo pueden amenazar a las dos últimas tribus en aislamiento voluntario de Ecuador, de las que hay señales de su presencia en la zona.
Ante esas quejas, Pástor anunció el año pasado la realización de un plan específico de conducta para trabajar en ese campo, el cual pasará ahora a manos de la estatal Petroamazonas, que realizará estudios previos al inicio de las operaciones durante este año, según dijo.
La explotación de los otros dos campos que Ecuador presentó a licitación y que no han sido otorgados, Charapa y Chanangue, dependerá de los estudios que realice la también estatal Petroecuador para ver si vale la pena, explicó.
Pástor también informó de que entre mayo y septiembre el Gobierno realizará una "consulta previa" entre las comunidades afectadas por los 21 nuevos bloques petroleros que pretende abrir en el suroriente del país.
Pronosticó que en octubre o septiembre comenzará la licitación y que a mediados del próximo año se firmarán los contratos.
Comunidades indígenas de la zona rechazan la entrada de las petroleras a sus territorios, pero el Gobierno insiste en que los recursos son necesarios para el desarrollo del país.
Al mismo tiempo, Ecuador aspira a diversificar sus ingresos con la implantación de la minería a gran escala.
Actualmente negocia con la canadiense Kinross la explotación de un proyecto llamado Fruta del Norte, que cuenta con reservas de 6,4 millones de onzas de oro, pero tras anunciar un principio de acuerdo el pasado diciembre la compañía ha hecho peticiones adicionales, lo que ha dejado en el aire su firma.
Pástor dijo hoy que mayo es el mes "clave" en las conversaciones y que si no alcanzan un acuerdo el Gobierno podría sacar el yacimiento a licitación o decidir que sea explotado por la empresa estatal minera de Ecuador junto con un socio internacional privado.
Fuente: EFE