Tras años de idas y vueltas, el Gobierno impuso ayer su mayoría legislativa para sancionar la nueva reforma del régimen de riesgos del trabajo que busca poner fin a la incesante litigiosidad que se montó a partir de los tres fallos de la Corte Suprema de Justicia que tacharon de inconstitucional aspectos claves de la ley 24.557.
La decisión política de ponerle un coto a la industria del juicioque culminará 2012 con alrededor de 67.000 demandas estimadas demoró ocho años y priorizó el objetivo de ofrecer certidumbre y previsibilidad a los sectores empresarios en materia de costos del sistema.
En esa dimensión se explica el argumento de la presidenta Cristina Fernández en favor de una ley corta que hace eje en la eliminación de la llamada doble vía y en el incremento significativo de las indemnizaciones.
Esa definición supuso la postergación del debate por una ley larga, destinada a colocar en el centro de la discusión la aplicación de nuevas medidas para mejorar los niveles de prevención de accidentes en el ámbito laboral. También sobre esa elección presidencial se montaron las duras críticas contra la ley por parte de la CGT de Hugo Moyano y la CTA opositora, más allá de su abierto enfrentamiento político con la Casa Rosada.
Las claves del nuevo régimen de reparación de daños por accidentes de trabajo que reformulan el sistema vigente se resumen en los siguientes puntos:
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