El Gobierno contó este lunes a Bruselas —no tenía más remedio— lo que ha escamoteado al Congreso en los últimos tres meses. El déficit cero que había presupuestado para la Administración de la Seguridad Social este año es ya otra cosa, mucho más fea: a dos meses del cierre del ejercicio, el Ejecutivo de Mariano Rajoy admite que el agujero por pensiones y prestaciones por desempleo se irá a los 10.500 millones, un desfase sin precedentes. Y esta vez no podrá aducir que el repunte del déficit le pilló por sorpresa: nada más presentar las cuentas de 2012, a finales de marzo, numerosos expertos le advirtieron de que, en la Seguridad Social, nada cuadraba.
Los indicios de que las cotizaciones no bastaban para cubrir el gasto en pensiones, de que el presupuesto para pagar prestaciones por desempleo no iba a ser suficiente, se agolpan. El impacto de la recesión en las cuentas de la Administración de la Seguridad Social fue uno de los argumentos que llevó a la Comisión Europea a relajar el objetivo de déficit español para 2012, del 5,3% al 6,3% del PIB. Pero el Gobierno se resistió panza arriba a asumir que la Seguridad Social incurría en un abultado déficit, material inflamable ante la opinión pública.
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