El Gobierno nacional puso en vigencia hoy nuevos controles para evitar maniobras de evasión, lavado de dinero u otras irregularidades en operaciones inmobiliarias, una actividad que creció con fuerza en los últimos años.
Lo hizo a través de una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) publicada en el Boletín Oficial, en la que se estableció que "los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario", tendrán que remitir a ese organismo los datos personales de sus clientes.
De este modo, la UIF investigará operaciones "inusuales", que se caractericen por ser "tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económica y/o jurídica, ya sea porque no guardan relación con el perfil económico, financiero, patrimonial o tributario del cliente".
Además -de acuerdo con la decisión oficial- actuará frente a las operaciones "sospechosas que habiéndose identificado previamente como inusuales, se determine que no guardan relación con las actividades lícitas declaradas por el cliente".
La resolución exige que los agentes inmobiliarios deberán identificar a sus posibles clientes, antes de iniciar cualquier relación comercial.
Y además deberán enviar a la UIF los datos personales del individuo o la sociedad interesada, verificar que los demandantes no se encuentren incluidos en los listados de terroristas y "solicitar información sobre los servicios y/o productos requeridos y los motivos de su elección".
"Adicionalmente para el caso de los clientes que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de 600 mil pesos, se deberá definir el perfil del cliente con información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria", de acuerdo con la medida oficial.
Nuevos controles para las operaciones inmobiliarias
El Gobierno puso en vigencia nuevos controles para a través de una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) publicada en el Boletín Oficial, en la que se estableció que "los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario", tendrán que remitir a ese organismo los datos personales de sus clientes.