El proyecto Ayuí Grande tiene como fin la producción de alimentos, –principalmente arroz, además de otros granos y carne– por medio de la construcción de una represa, ubicada sobre el Arroyo Ayuí Grande.
El emprendimiento aspira a aprovechar unas 77.000 hectáreas de suelos productivos, localizados en el departamento correntino de Mercedes, para generar alrededor de 450 empleos directos y 1200 indirectos, según estimaciones de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que lidera la iniciativa. Las empresas conforman la UTE “Proyecto Productivo Represa Ayuí Grande” son Copra S.A., Pilagá S.R.L., Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A. y Ea. Ñú Verá.
Según la rvista Fortunaweb, el proyecto, además, cuenta con el apoyo del gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi y el ministro de la Producción de Corrientes, Jorge Vara.
Cómo se originó el conflicto
El conflicto se suscitó a fines del años pasado cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una acción de amparo presentada por el gobierno nacional contra la provincia de Corrientes para que las autoridades de dicha provincia entregasen en el término de 90 días toda la documentación sobre impacto ambiental referida al proyecto de la represa Ayuí Grande.
En Junio de este año, la Corte Suprema de Justicia, decidió “rechazar el pedido de intervención como terceros y declarar extinguido el proceso”por el cual el gobierno nacional pretendía interceder ante la voluntad del gobierno de Corrientes de llevar delante la obra.
Según Fortunaweb, asimismo el 23 de agosto pasado, el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) indicó que, a partir del fallo de la Corte Suprema, estaban dadas las condiciones legales para dar curso a la construcción de la represa.
Ahora, el Boletín Oficial publicó la resolución 1238/11 de la Secretaría de Ambiente por medio de la cual el gobierno establece que “las obras concernientes al Proyecto Productivo Ayuí Grande resultan incompatibles con las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Estatuto del Río Uruguay de 1975 y otras normas y acuerdos internacionales vigentes en materia de derecho internacional del medio ambiente a los que el mismo reenvía, pudiendo su ejecución comprometer la responsabilidad internacional del Estado por tratarse de una obra que causará perjuicio sensible al Río Uruguay al afectar la calidad de sus aguas”.