A altas horas de la noche del 8 de marzo de 2008, una patrulla militar mexicana en Chihuahua, una ciudad en el norte del país, respondió a las quejas de vecinos acerca de hombres armados. Los soldados, parte de la campaña que libra México contra la violencia del narcotráfico, fueron recibidos con una lluvia de granadas y disparos. Al terminar el enfrentamiento, seis hombres que las autoridades describieron como miembros de un grupos de traficantes de drogas estaban muertos.
Por el lado del gobierno, cinco soldados resultaron heridos y uno, el capitán David Mendoza Gómez, fue muerto. Las autoridades mexicanas encontraron un arsenal de munición, granadas y armas de fuego de alto poder, entre ellas un rifle Barrett calibre .50 para francotiradores. El rifle semiautomático de largo alcance, un arma imponente de casi un metro y medio, es popular entre los ejércitos del mundo.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (La ATF, por sus siglas en inglés) rastreó el rifle a John Shipley, agente de la Oficina Federal de Investigación (FBI) en El Paso, estado de Texas. Shipley también era un aficionado a las armas de fuego, que había coleccionado y vendido docenas de ellas. Compró el rifle por Internet a US$8.500 en agosto de 2007, para uso personal, a un comerciante de Missouri y lo vendió días después a US$12.000 a un alguacil de policía de El Paso, a quien había vendido otras armas de fuego. De allí fue revendida a un hombre mexicano que volvió a venderlo en México, dicen las autoridades en documentos presentados ante la corte.
La travesía del rifle desde la fábrica de la compañía Barrett en Murfreesboro, Tennessee, hasta un comerciante en Missouri, compradores en Texas, y de allí a un grupos de narcotraficantes en México es una pequeña ilustración de un comercio transfronterizo inextricable que los gobiernos estadounidense y mexicano dicen está atizando la violencia que se ha cobrado miles de vidas.
México tiene estrictas restricciones legales para la tenencia de armas, y la mayoría de las ventas legítimas es procesada por medio de una pequeña tienda en una base militar en la periferia de Ciudad de México. Aun así, abundan las armas en el país, principalmente debido a los carteles criminales. Algunos de los mismos traficantes que trasladan drogas e inmigrantes indocumentados al norte hacia los EE.UU. también llevan armas al sur, dicen funcionarios de las fuerzas del orden.
En años recientes, dicen funcionarios de la ATF, los traficantes han cambiado de tácticas para evadir la ley. En vez de pasar por un solo intermediario, las armas pueden cambiar de manos cuatro o cinco veces o antes de llegar al miembro de un cartel mexicano. Los traficantes prefieren recurrir a compradores de poca monta para un par de compras y pasar las armas al otro lado de la frontera de a pocas por vez.
La probabilidad está favor de los traficantes por cuanto ocultan su cargamento ilícito entre los bienes de más de 100.000 cruces fronterizos por día en El Paso.
"Cuanto más prolíficas son y más dinero tienen, tanto más construyen diferentes capas para protegerse", dice Mike Bouchard, ex director adjunto de operaciones de campo de la ATF. "Llevan armas a su casa y esperan una semana o dos. Saben que la ATF y las fuerzas del orden no tienen los recursos para sentarse a vigilar una casa".
Se ha estado librando una batalla paralela en Washington sobre qué hacer al respecto. En meses recientes, legisladores han criticado al gobierno del presidente de EE.UU., Barack Obama, sobre una táctica investigativa de la ATF que supuestamente permitió que cientos de armas fueran vendidas a presuntos traficantes, incluso armas que terminaron en México. Una de las armas de la operación de la ATF, llamada "Fast and Furious", fue recuperada de la escena de un tiroteo con presuntos contrabandistas en la que murió un policía de fronteras de EE.UU. en diciembre. El Fiscal General, Eric Holder, ha ordenado a un inspector del Departamento de Justicia que investigue la operación.
La ATF dice que "Fast and Furious", que no estuvo involucrada en el caso de Shipley, estaba dirigida a rastrear el contrabando a traficantes de alto nivel, que dirigían redes bien financiadas y sofisticadas redes de compradores "testaferros", gente que por unos cuantos cientos de dólares compra armas a nombre de otros que no podrían pasar las pruebas de antecedentes criminales que exige el gobierno o que no desean registros de sus compras. Los críticos dicen que la ATF perdió el rastro de las armas y permitió que cayeran en manos de traficantes mexicanos. Acusan al organismo de acosar a compradores y comerciantes legales a la vez que usan tácticas que exacerban el problema.
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