Una multiplicidad de reuniones y contactos secretos se sucedieron ayer en el mundo de los negocios, con una sola intención: elaborar una respuesta contundente y coordinada contra la decisión del Gobierno de ubicar más representantes estatales en los directorios de las principales empresas argentinas.
El objetivo de máxima sería redactar y firmar un documento conjunto condenando la acción de la Casa Rosada.
Pero anoche se evaluaban otras alternativas intermedias, para respetar las diferencias de opinión y condenar la mayor intromisión gubernamental en las compañías. Una de las acciones que se están explorando, incluiría una opción fuerte: recurrir a la Justicia, para frenar la imprevista decisión oficial.
Las conversaciones involucraban a Miguel Acevedo, de la Unión Industrial y a la vez secretario de la Asociación Empresaria Argentina. También trabajaban Jaime Campos, varios dirigentes de la COPAL de Daniel Funes del Rioja y banqueros de la Asociación de Bancos, de Jorge Brito.
El malestar está asociado a las dudas que generan estas medidas y el temor que provoca la llamada “profundización del modelo” kirchnerista.
En los empresarios hay preocupación por los cambios en una regla de juego económico crucial, fijada hace sólo tres años, lo cual implica: Burla a un punto clave de la legislación que fue tratado expresamente en el Congreso cuando se aprobó la estatización de las AFJP.