En silencio, la justicia federal mantiene sin avances la causa en la que se investiga al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y a la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) por el falseamiento de datos públicos desde 2007.
Calificadas fuentes judiciales precisaron que el juez no tiene previsto por ahora la citación de Moreno, Ana Edwin ni Beatriz Paglieri. Los tres funcionarios fueron acusados en la causa que en mayo de 2007 inició el entonces fiscal nacional de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, y que luego ampliaron varios legisladores, entre ellos el presidente del bloque radical del Senado, Gerardo Morales.
El juez a cargo de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, aún está a la espera de una serie de peritajes realizados por expertos de universidades, como resultado de pruebas que recolectó en el allanamiento que realizó al edificio central del organismo estadístico en julio de 2007.
Las fuentes justificaron la demora en procesar las pruebas de este operativo realizado hace casi cuatro años: "No es fácil determinar si hubo falseamiento de datos, porque hay que reconstruir toda la serie hacia atrás".
Sin embargo, en una primera aproximación el juez habría determinado que "no hubo delito, sino un cambio metodológico, que es facultad del director del Indec", aclararon las fuentes. Al mismo tiempo, expertos destacaron que el juez federal no termina de cerrar esta causa contra los funcionarios kirchneristas.
Garrido expresó que en su dictamen -recogido luego por el fiscal Carlos Stornelli para pedir la indagatoria de Moreno, denegada por el juez- pudo probar que la conducción del Indec, desde enero de 2007, "creó un sistema informático que en un segundo cambia los precios y un experto en estadísticas probó que los promedios que presentaban eran imposibles en términos matemáticos".
"Lo insólito es que no haya habido ninguna opinión, ni a favor ni en contra, aunque el procurador Esteban Righi ya dijo que no hubo delito. Esto reafirma que las causas en Comodoro Py suelen manejarse con criterios políticos y no jurídicos", agregó el ex fiscal.
Uno de los términos que usó Garrido para basar su acusación fue el "engaño". Allí indicó que "la intención de los responsables de este plan fue no sólo acomodar los números a las necesidades políticas, sino también asegurarse de que esta adulteración lograra el efecto buscado, engañando a los destinatarios de esta información pública, basta observar que se ha mantenido la estructura habitual del documento adulterado".
Garrido calificó de "manipulación burda, grosera y arbitraria" la maniobra registrada desde principios de 2007. Justamente, el presunto engaño es el argumento con el que Moreno acusa y multa a las consultoras que realizan relevamientos de precios -ayer fue sancionada con $ 500.000 Graciela Bevaqua, ex directora del IPC- desde que el Indec perdió credibilidad por la manipulación de las cifras oficiales. Mientras negocian con el Fondo Monetario Internacional (FMI) las fechas para que regrese la misión de asesoramiento en abril el Ministerio de Economía y la conducción del Indec redoblan su presión contra las consultoras privadas y descartan la existencia de un fenómeno inflacionario.
Esta estrategia, según el senador Morales, cuenta con el aval implícito del juez a cargo de la investigación. "Canicoba Corral no sólo cuenta con los informes de Manuel Garrido y Carlos Stornelli, sino que tiene en su escritorio el informe de las universidades nacionales, que es la prueba irrefutable de la manipulación de las cifras", indicó.
Esto, agregó, "deja en evidencia que la inacción del juez también sostiene la mentira en la que se mueve el Gobierno".
Marcela Almeida, ex directora del IPC nacional que el Gobierno frenó cuando algunas provincias comenzaron a informar una inflación mayor que la del Indec, fue una de las testigos en esa causa.
"Nunca pasó nada, pese a que le aportamos mucho material sobre lo que pasó acá y en Mendoza, contándole que al principio Paglieri nos pedía modificar los valores de los productos cuando superaban determinados precios. Después, la práctica se generalizó", explicó.
Almeida sufrió represalias por su testimonio, al igual que otros funcionarios públicos.
Fuente: La Nación