Brasil ajusta para combatir la inflación

El gobierno de Dilma Russeff anunció ayer un recorte de R$ 50.000 millones (unos U$S30.000 millones) en los gastos previstos en el Presupuesto General del Estado para este año, luego de que el índice de precios de enero registrara una suba del 0,83%, la más alta en los últimos seis años. Se ajustarán todas las partidas menos la de gasto social.

Sorprendido por el aumento de la inflación, el gobierno de Brasil anunció ayer un corte de R$ 50.000 millones en los gastos previstos en el Presupuesto General del Estado de este año. La divulgación del ajuste fue anticipada después que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) reveló que, en el primer mes de 2011, el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), el indicador oficial de inflación, llegó a 0,83%, la suba más alta en seis años.

La decisión de anticipar el anuncio del corte de gastos, que estaba previsto para el jueves o viernes, se tomó el martes, durante una reunión en el Palacio del Planalto, de la que participó inclusive el presidente del Banco Central (BC), Alexandre Tombini. El encuentro, que evaluó los riesgos que corre la economía brasileña en este inicio de gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, terminó cerca de medianoche.

En la reunión, Tombini explicó que a pesar de que el país está enfrentando un shock de precios, provocado principalmente por las commodities, la inflación está siendo presionada fuertemente por la demanda interna, que se mantiene en alza desde el año pasado. En los doce meses concluidos en enero, el IPCA acumuló una variación de 5,99%, índice muy superior a la meta oficial de inflación (4,5%).

Según fuentes consultadas por Valor, el presidente del BC explicó que la inflación corriente elevada está contribuyendo a deteriorar aún más las expectativas de los agentes económicos.

Otro argumento mencionado fue que el mercado espera tres elevaciones de la tasa básica de interés (Selic) hasta junio, según consta en el Boletín Focus (que realiza semanalmente el BC consultando a los agentes del mercado), lo que la llevaría a 12,5%.

La mejor manera de enfrentar ese escenario, se argumentó en la reunión, es utilizar las medidas de política monetaria “aumento de la tasa de interés y adopción de medidas macro prudenciales, que viene tomando el BC” y disminuir el consumo del sector público, lo que ayudaría a contener el aumento de la demanda agregada. Tombini dejó claro que, cuando más temprano el gobierno anunciase esos cortes presupuestarios, sería mejor para revertir las expectativas. El funcionario defendió que el gobierno emitiese de inmediato un “mensaje claro” a la sociedad.

La visión de Tombini fue más allá de la opinión del ministro de Hacienda, Guido Mantega, para quien la inflación está en alza a causa del shock de precios de las commodities y de la suba estacional de los precios administrados, factores que, en su opinión, perderán fuerza a lo largo de los próximos meses, disminuyendo la presión inflacionaria. Esa evaluación venía prevaleciendo dentro del gobierno de Rousseff.

Mantega admitió ayer, por primera vez, que el gasto del sector público es un factor que induce el consumo y calienta excesivamente la economía. “Los gastos del gobierno están disminuyendo y ejercerán menos presión sobre la demanda”, afirmó.

Al anunciar la decisión del corte presupuestario, Mantega y la ministra de Planificación, Miriam Belchior, no revelaron más detalles, que serán dados a conocer el viernes, cuando ambos ministerios concluyan la redacción del decreto de programación presupuestaria y financiera. Probablemente, el gobierno lo postergó para evitar problemas en la votación en el Congreso, prevista para los próximos días, que definirá el valor del salario mínimo de 2011.

Según Mantega y Belchior, el corte de R$ 50.000 millones alcanzará a todos los ministerios y organismos públicos, incluidos el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), pero preservará los planes sociales y las inversiones del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).

Por ahora, el corte se sustenta en seis grupos de medidas: revisión de las nominaciones y concursos para contratación de 40.000 empleados públicos; disminución de enmiendas parlamentarias; reducción de 50% de los gastos con diarias y pasajes aéreos; prohibición de adquisición de vehículos para uso administrativo; prohibición de compra de inmuebles; y reforma de edificios públicos.

Fuente: Cronista.com