Con las negociaciones por el acuerdo social entre la CGT y la UIA virtualmente congeladas y las amenazas empresarias de trasladar a precios los aumentos salariales que superen sus previsiones, el Gobierno comenzó a analizar la posibilidad de avanzar en un plan alternativo para calmar la puja distributiva y contener las expectativas inflacionarias. Esa apuesta contemplaría la intención de sellar acuerdos con un grupo de gremios afines, que incluirían al propio sindicato de Camioneros de Hugo Moyano, que fijen porcentajes de aumentos de entre el 22% y 25% y funcionen como pauta testigo para el resto de las paritarias.
La posibilidad de avanzar en ese esquema, que en la práctica replica el mecanismo que funcionó hasta 2009 cuando el incremento salarial que acordaba el gremio de Moyano constituía luego el modelo a seguir para el conjunto de las negociaciones, fue deslizada informalmente por funcionarios del Gobierno a algunos referentes de la CGT, quienes “sin embargo” dudan de la eficacia de esa alternativa sin un compromiso empresario para evitar aumentos de precios desmedidos.
“Firmar en marzo un tope de 25% para los aumentos si no hay una garantía de que la inflación no se dispara no sirve de nada”, advirtió un sindicalista en referencia a la idea que evalúa la Casa Rosada.
Otro dirigente consideró que ese esquema sería factible si los acuerdos contemplan algún tipo de cláusula gatillo que permita renegociar los aumentos en caso de incrementos de precios no previstos. “En los gremios hay disposición para firmar aumentos racionales y responsables, pero también exigimos lo mismo de los empresarios”, remarcó el gremialista.
Sin embargo, dentro de la CGT no ocultan que la inminente negociación salarial también esta atada a la respuesta del Gobierno a otros puntos de la agenda de reclamos gremiales, entre los que figuran la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, el aumento de asignaciones familiares, el pedido de fondos para las obras sociales sindicales y hasta la presión de Moyano por ubicar a referentes del sector en las listas de candidatos del oficialismo para los comicios de octubre.
La posibilidad de fijar una pauta testigo a partir de acuerdos con los gremios afines parece inscribirse en un cambio de estrategia del Gobierno ante el estancamiento de las conversaciones entre las cúpulas de la Unión Industrial y la CGT para avanzar en un acuerdo de precios y salarios.
El dirigente industrial Juan Carlos Sacco admitió ayer que el diálogo entre ambos sectores está en un impasse debido a que el Gobierno no participa de las negociaciones y advirtió que sin su presencia se va a “descontrolar la puja distributiva”.
Incluso, Sacco alertó que si prosperan las demandas de aumentos salariales del orden del 30%, como la anticipada por el líder de la CGT disidente, Luis Barrionuevo, los empresarios lo van a trasladar a los precios.
“Estamos esperanzados en que, hacia mitad del mes próximo, pueda haber un llamado (telefónico) a través de algún ministro para que retomemos el diálogo. Si no nos apuramos, van a empezar las pujas distributivas descontroladas”, insistió.
También desde la CGT reconocieron que hoy por hoy el diálogo tripartito “no existe” y reprocharon la falta de interés oficial en la negociación. “Es imposible un acuerdo en el que el Gobierno no participa cuando es el acto clave y también debe aportar su compromiso para un entendimiento”, se quejó un referente cercano a Moyano.
Fuente: Cronista.com