El 24 de agosto caducó el plazo que daba al Ejecutivo poder de decisión sobre una serie de asuntos que originalmente competían al Congreso. Las llamadas "facultades delegadas" incluyen la potestad para fijar los derechos de exportación e importación, que forman parte del Código Aduanero.
Las más de 200 leyes que a partir de este martes vuelven a estar bajo el control del Poder Legislativo refieren a varios temas, incluyendo el abastecimiento, la emergencia económica y la reforma del Estado, entre otros, pero las atribuciones que tienen que ver con los derechos de exportación son las que más han generado controversia.
Y es que las retenciones agropecuarias son una de las principales herramientas de recaudación del Estado argentino.
"La soja es el principal bien que produce el país y el 98% de lo que se cosecha se exporta, por lo que ese cultivo tiene un enorme impacto fiscal", explicó a BBC Mundo el economista Jorge Elustondo, especialista en temas rurales.
A comienzos de 2008, la decisión de aumentar los aranceles sobre la soja y otros granos fue lo que causó una dura protesta de los productores agrarios, que paralizó el país durante los primeros meses de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y aún hoy genera roces entre el campo y el gobierno.
Los opositores en el Congreso advirtieron a las autoridades que no volverán a prorrogar el uso de las facultades delegadas, como ocurrió en otras ocasiones desde que éstas fueron cedidas al Poder Ejecutivo en 1853. Lo que de por sí marca, según analistas, un punto de inflexión histórico en el ejercicio del poder en Argentina.
Fuente Verónica Smink
BBC Mundo, Argentina
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